La Fiscalía vincula la Confederación del Segura a una red de tráfico de agua en Murcia

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha llamado a declarar este mes, acompañados de abogado, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y a tres de sus directivos. Presuntamente, según la Fiscalía, éstos habrían favorecido a una trama empresarial que habría desviado centenares de hectómetros cúbicos de agua a zonas en desarrollo urbanístico de Murcia. El grupo más beneficiado habría sido el del empresario Mariano Roca Meroño, también denunciado. La investigación afecta también a un juez, Mariano Espinosa, cuyo papel en la presunta trama examina el Supremo.

El relato de hechos de la Fiscalía de Medio Ambiente, que inició las investigaciones y asumió el caso en 2001 a raíz de una denuncia por supuesto cobro irregular de subvenciones agrarias de la UE por parte del juez Mariano Espinosa y sus hermanos, identifica las claves del caso en todos sus extremos: quién, cómo, dónde y por qué.

Según la investigación -"en un estadio de diligencias previas y que no presume aún culpabilidades", según explica el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix-, varios grupos empresariales murcianos, hasta seis según la Fiscalía, pero en especial el grupo empresarial de Mariano Roca, se han beneficiado de extracciones ilegales de agua de la cuenca del Segura con desvíos mediante conducciones, pozos y embalses construidos después de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, en 1986. El agua va a parar, supuestamente, a zonas de gran interés urbanístico -San Pedro de Pinatar, en Murcia, y el Pinar de la Horadada, en Alicante, entre otras- a través, incluso, del cauce del Río Segura, que utilizan para trasvasar el líquido.

La cobertura legal del supuesto fraude, siempre según la investigación, la habría proporcionado el juez Mariano Espinosa, relacionado con el constructor Roca y propietario originario, junto con sus hermanos, de la finca El Chopillo, en Moratalla (Murcia), foco de las irregularidades. Espinosa, juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y ponente en litigios referidos al agua, habría legalizado, supuestamente, la situación de pozos propios con sentencias discutibles que han sido anuladas recientemente por el Tribunal Supremo.

El papel de los directivos de la Confederación Hidrográfica es, según informes de la Fiscalía de Medio Ambiente, el de consentidores. Presuntamente, decenas de expedientes sancionadores habrían sido tramitados con simples sanciones leves en el mejor de los casos, sin adoptar medidas para impedir las extracciones ilegales.

El lugar donde se producen las mayores irregularidades es la finca El Chopillo, ubicada en la cabecera del acuífero del Segura. La finca, con cerca de 8.000 hectáreas y propiedad en origen del juez Mariano Espinosa y de sus hermanos, pertenece ahora en parte a la sociedad Frocap Lo Romero, del constructor Roca, que adquirió 1.600 hectáreas del terreno en 1997.

Catorce pozos

Desde esta finca, que en 1986 contaba con dos pozos y ahora tiene 14, con líneas de alta tensión para extraer el líquido, se estaría trasladando agua a San Javier (Murcia, finca Lo Romero, propiedad también de la sociedad Frocap); a San Pedro del Pinatar (Murcia); a Pinar de la Horadada (Alicante); hacia Mula (Murcia); hacia la comunidad de regantes de Yechar; hacia Lorca y hacia Pulpí (Almería).

La descripción de hechos remitida por los investigadores a la cúpula de la Fiscalía, que niega en todos sus extremos Mariano Roca, es rotunda en lo que se refiere a la actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura. "Da la impresión a este Ministerio Fiscal", relata la Fiscalía, "que existen dos Confederaciones: una A y una B. La mayoría de los funcionarios del organismo de cuenca se dedicaría a los asuntos que podrían denominarse de tono menor, del común de los administrados, y luego existiría un personal específico dedicado a tramitar los expedientes de mayor enjundia, personal de absoluta confianza de los órganos directivos de la CHS [Confederación Hidrográfica del Segura]".

Todo ello se habría hecho con "el propósito de favorecimiento de determinados grupos económicos". Los grupos, además de las empresas de Mariano Roca serían el de las empresas Hernández Zamora, Heredamiento de Aguas de Mula, dos Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) -La Forja y Carche-Raspay- y la sociedad Abemar. Algunas de estas empresas, siempre según la Fiscalía, se habrían especializado en adquirir tierras de secano a bajo precio, transformarlas en regadíos gracias al agua fácil ilegalmente extraída y, una vez descatalogadas como espacios naturales protegidos, dedicarlas a la construcción y a campos de golf en zonas próximas a la costa.

En el origen del caso está el cobro de subvenciones, presuntamente de forma irregular, por parte de los propietarios de El Chopillo.

En 1994, la finca, de bosque mediterráneo y escaso aprovechamiento agrícola, fue devastada por un incendio. Tras el incendio, la finca fue reconvertida, roturada y habilitada para grandes superficies agrarias de regadío, solicitando para ello subvenciones de la Unión Europea. Hasta 600 millones, según la investigación, habrían ingresado los hermanos Espinosa en concepto de "Forestación de Tierras Agrarias".

El problema es que esos fondos sólo pueden beneficiar a tierras que ya fueran superficie de cultivo, lo que no es el caso de El Chopillo. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) certificó que las reformas se han realizado sobre terrenos que eran un bosque mediterráneo arrasado por un incendio en 1994.