Los afectados niegan las presuntas irregularidades

El empresario Mariano Roca Meroño asegura rotundo, respecto al caso, que en lo referido al agua, "está todo en regla". Según su relato, en 1997 adquirió parte de la finca El Chopillo (1.600 hectáreas) a unos empresarios valencianos que, a su vez, habían adquirido los terrenos , con derechos de explotación de agua, a "Valenciana de Cementos". Ya entonces, sostiene, la explotación contaba con los permisos de explotación y traslado de agua de la Confederación del Segura.

Roca, que niega cualquier relación societaria o comercial con el juez Mariano Espinosa -a quien este periódico intentó localizar ayer, sin conseguirlo-, explica que no es la primera denuncia a la que hace frente. Precisamente, el padre del actual responsable de desarrollo turístico de Murcia, Valdés Albistur, llevó, como abogado, una querella que interpuso Roca "contra los ecologistas" por las denuncias lanzadas en su contra. "He recibido la citación de la Fiscalía [para declarar el día 17] y presentaré toda la documentación que demuestra cómo todo es legal". Roca asegura que no existe ningún desvío de agua hacia zonas de desarrollo turístico o urbanístico.

La Confederación niega

Todas las acusaciones referidas a la supuesta trama, que afectan a la Confederación Hidrográfica del Segura, las niega también el presidente del organismo, Juan Cánovas. Según éste, la supuesta trama se enmarca dentro "de un ataque permanente a la Confederación".

Cánovas asegura que "el control sobre las extracciones de agua en la cuenca del Segura es exhaustivo y que todas las que realiza la finca El Chopillo son legales". Según explica, todos los pozos de la finca en cuestión son del año 1987, "salvo dos que hubo que inscribir tras una sentencia judicial", por lo que, gráficamente sostiene, "me encontré la burra preñada". Y añade que frente a unos derechos de extracción de 5,5 hectómetros cúbicos anuales, la Confederación ha restringido la explotación en El Chopillo a 1,5.

Cánovas explica que él mismo ha solicitado al fiscal general comparecer ante el fiscal del caso para "ejercer el derecho de defensa y contradicción" y dar unas explicaciones, añade, que ya ofreció en su día en el Congreso.

Respecto a los expedientes que maneja la Fiscalía, Cánovas insinúa que su procedencia es incierta y que no descarta su manipulación. Pero frente a las explicaciones de los afectados, la Fiscalía opone un dato: hasta 1986, cuando entró en vigor la Ley de Aguas, en El Chopillo sólo existía un aprovechamiento de aguas subterráneas. Hoy hay 14 pozos cuya legalización está cuestionada.