Centenares de expedientes cuestionan la gestión hidráulica en la región
Los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid disponen de un listado de 300 expedientes tramitados por la Confederación Hidrográfica del Segura. Esos expedientes constituyen la base de las imputaciones contra el presidente de la Confederación, Juan Cánovas; el secretario general de ese organismo, Gerardo Cruz Jiménez; el comisario de Aguas, José Alemán, y el jefe de Servicio a los Usuarios, Rafael López.
Según la Fiscalía, los expedientes reflejan cómo la Confederación ha utilizado dos varas de medir muy distintas a la hora de sancionar actuaciones irregulares en torno a la extracción y el uso irregular del agua. Así, la plantación y riego de siete hectáreas de olivos con aguas del trasvase (expediente D 129/2002) mereció una multa de 1.800 euros y la prohibición de seguir regando. En cambio, el riego ilegal de 35 hectáreas mereció una sanción de 1.200 euros sin prohibición de continuar con el riego (expediente D.265/02).
Según la Fiscalía, más de la mitad de los expedientes que obran en su poder corresponden a seis infractores y el 80% a 20 infractores. El grupo que acumula más infracciones (56) es el constituido por el constructor Roca Meroño.
El volumen de agua comprometido por las irregularidades está por determinar, aunque la Fiscalía maneja la cifra de 200 hectómetros cúbicos, la mitad del trasvase previsto en el Plan Hidrológico en la zona.
Los expedientes se dividen en 69 clases, con claves distintas, "lo que permite derivar", según la Fiscalía, "asuntos idénticos a claves diferentes para que sean resueltos por funcionarios distintos".
Y han sido resueltos, según los investigadores, con "desigualdad", "arbitrariedad en la sanción económica", "sin valoración del agua captada", con "intencionalidad" y con "vinculación al favorecimiento de determinados grupos económicos".
