El Archivo de Indias

No puedo dejar de asombrarme con la actuación que está llevando el Ministerio de

Cultura en las obras de restauración, reforma y ampliación, que comenzaron en julio del año 2000 y que continúan realizándose en el Archivo General de Indias, edificio de titularidad estatal, protegido legalmente con la categoría de Bien de Interés Cultural y declarado en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Me siento afectada no sólo como ciudadana preocupada por el patrimonio cultural, sino también como persona vinculada a esta institución, por haber desarrollado mi labor profesional conservando y restaurando documentos únicos de gran valor histórico.

Durante estas obras he conocido en qué lamentables condiciones se está trabajando en el laboratorio de Restauración. Su capacidad espacial se ha visto reducida por la invasión de otras actividades ajenas a su función, lo que dificulta la labor de conservación y restauración que requieren los documentos. A esta situación se suman los trastornos ocasionados por los traslados, las vibraciones, las acumulaciones de material de desecho y la suciedad, con lo que implica riesgo de deterioro para el patrimonio documental, siendo exigibles y obligatorias para toda institución archivística unas medidas de conservación preventiva y de control de riesgos, y de seguridad laboral, que parecen escasear en este momento. Por otra parte, en el proyecto de ampliación se ha contado con un edificio cercano, la antigua Cilla del Cabildo, que se conecta con el Archivo a través de un túnel construido ex profeso. Sin embargo, éste queda inutilizado al estar anegado por aguas subterráneas, lo que vuelve a afectar no sólo a la comunicación interior del personal, que se tiene que desplazar al otro edificio para acudir a los servicios higiénicos, sino que también hace que se realicen por la calle los traslados de documentos de gran valor histórico y en condiciones inapropiadas de embalaje y protección, por lo que aumenta notablemente la inseguridad y su exposición nuevamente a factores de deterioro.

A pesar de todo, mi sorpresa ha ido en aumento al hacerse pública la noticia, en distintos medios de comunicación, de la denuncia presentada por la senadora socialista Ana Arnáiz relativa al expolio de puertas y algunos muebles, con la puesta en venta de pavimento original de mármol del siglo XVIII por una empresa anunciada en Internet. Sobre este aspecto es necesario recordar que la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece unas medidas de protección para los BIC, recogiendo como infracciones administrativas sancionables las que constituyen delito por parte del propietario al contravenir en este caso el artículo 39: "... las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuese necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas". Está claro que la eliminación de losas originales, puertas o muebles no obedecen al motivo de constituir un peligro evidente de deterioro para el edificio, sino, desgraciadamente, a una falta de interés, sensibilidad y respeto por el valor histórico y contenido documental que enriquece a este Archivo desde que se creó en 1785 bajo reinado de Carlos III.