La cara oculta de Inscanner

Inscanner ha estallado en pedazos. La firma que consiguió en 2000 un suculento contrato del Consell que le aseguraba hasta 2008 un mínimo de 28,93 millones de euros por practicar resonancias magnéticas a pacientes de la seguridad social y que cofundó Luis Concepción, actual concejal del PP de tráfico y transportes del ayuntamiento de Alicante y ex presidente de la comisión de sanidad de las Cortes Valencianas, vive una intensa batalla interna que ha llevado a antiguos socios a los tribunales 22 años después de su nacimiento.

Formalmente, la fecha del alumbramiento es el 11 de febrero de 1981. Entonces, Luis Concepción, Enrique López y Francisco Verdú, tres médicos radiólogos de Alicante -Concepción simultaneó a principios los ochenta la jefatura de sección de radiología en el hospital general y la del mismo servicio en el provincial (el actual San Juan)- acuerdan fundar una firma para la explotación de un equipo de diagnóstico TAC de última tecnología -en Alicante sólo había uno y menos potente- para lo que acuden en busca de dos cuñados de Verdú, empresarios de calzado de Elche. Los tres primeros se reparten el 50% de las acciones, mientras que los cuñados -que actúan como socios capitalistas- cuentan con un 25% cada uno, como refleja el libro de registro de accionistas de Inscanner.

"El miedo a caer en incompatibilidades les llevó a poner personas de su confianza"

Con la demanda, sus hijos cuestionan el distanciamiento de la sociedad del ex diputado

Pero la fecha real del nacimiento de la sociedad puede retrasarse varios meses. Desavenencias familiares fuerzan la salida de los socios capitalistas. Los tres radiólogos escrituran la firma a su nombre y buscan socios que aporten fondos para sacar adelante la sociedad. Necesitan reunir un 10% de los aproximadamente 68 millones de pesetas que cuesta el equipo para que la empresa proveedora Phillips tome el pedido y comience a construirlo. Primero ofrecen entrar a los jefes de servicio que desde sus hospitales podrían pedir exploraciones con el TAC y engrosar la cuenta de resultados de la firma. Ante la negativa de la mayoría de ellos, bajan un peldaño en el escalafón y recurren a jefes de sección y adjuntos de especialidades como traumatólogos, neurólogos, anestesistas, radiólogos, médicos de urgencias o internistas. Trece personas aceptan la oferta y aportan en octubre de 1982 576.923 pesetas o piden un crédito para abonar su parte en la cuenta corriente número 5113/3 de la oficina número 1 del Banco de Bilbao de Alicante. La firma tiene capital suficiente como parar empezar a andar.

El acuerdo se sella en un documento privado de julio de 1982, en el que Concepción, Verdú y López se reservan el 50% de las participaciones sociales, y la otra mitad se reparte en partes iguales a los 13 que financian el equipo, con un 3,84% de acciones cada uno. Se entrega una copia a cada uno como "justificante de la propiedad de la participación de cada uno de ellos en la mercantil Inscanner SL hasta tanto sea formalizada la correspondiente escritura pública". El TAC llegó a mitad de 1982 y la empresa comienza a funcionar. En Inscanner trabajan los tres socios fundadores junto a otro radiólogo, Desiderio Esquitino, que fue médico residente con ellos en el hospital general de Alicante y acudió atraído por la posibilidad de formarse en el uso de un equipo de diagnóstico por imagen de última generación. Sin embargo, el trabajo junto a López, Verdú y Concepción dura poco tiempo. En noviembre de 1983 Esquitino se extraña, recuerda, al ver llegar a la clínica a las esposas de los socios "muy arregladas". Poco tiempo después se entera de que han quedado para escriturar la sociedad. Su sorpresa fue mayúscula. En contra de la promesa, no inscriben a las 13 personas que permitieron poner en marcha en negocio. Sin embargo, escrituran la firma a nombre de familiares directos de Concepción, López y Verdú.

El miedo a caer en posibles incompatibilidades lleva a los titulares a interponer personas de su confianza para tratar de desligarse formalmente de la sociedad. Al menos, es la excusa que le dan a

Esquitino cuando pide explicaciones. Tras el cambio, como titulares de las acciones figura Francisco Verdú Cuenca, el padre de Verdú; Carmen Concepción, la hermana de Luis Concepción e Ignacio Sanguino, cuñado de López. Al tener conocimiento de estos hechos, Esqutino pide el finiquito y rompe laboralmente de la sociedad, lo que provoca que el resto de aportantes reclame su parte de Inscanner y deje la firma. La sociedad está ya en manos de las tres familias y funcionando. Esta situación se mantiene tras una ampliación de capital en 1991 que da entrada a tres hijos de Concepción y los dos de López y Verdú. Por entonces, compran una resonancia y, a la explotación del TAC, se suma la del nuevo equipo.

La carrera política de Concepción es claramente ascendente. Es elegido diputado por el PP en mayo de 1995, y poco antes de acceder a las Cortes, en junio, vende las acciones de su familia a López. Este movimiento queda reflejado en el libro accionistas, de forma que los Verdú mantienen el 33,3%, la hermana de Concepción, profesora en un colegio de Gandia, mantiene un residual 3,33% y los López se hacen con el 63,3%. A este reparto apela en 1999 en una rueda de prensa Concepción, cuando este diario publica que según el registro mercantil sus hijos eran accionistas de un 30% de Inscanner. "Antes de tomar posesión vendí mis acciones", adujo el entonces diputado popular, "fue mi sentido de la ética el que me llevó a separarme completamente de esta sociedad".

La sorpresa saltó a principios de la semana pasada, cuando los propios hijos del ex diputado cuestionaron este distanciamiento de la firma al apelar a un documento de recompra que les permitía volverse a hacer con el 30% que cedieron. De esta forma, existía una salvaguarda que permitía a los Concepción seguir vinculados a Inscanner mientras el Consell, gobernado por el partido del que él era diputado, concedía a la empresa uno de los grandes contratos sanitarios otorgados por el PP. Los hijos del ex diputado se han aferrado a este documento para denunciar a López, mientras que éste, niega la autenticidad del contrato. "Hay un pacto de recompra, pero no a favor de los hijos de Concepción, sino de él mismo", apuntó el miércoles en el juzgado de Valencia en el que las dos familias combaten por su parte del negocio.

Fuentes del sector apuntan que la voluntad de López de vender puede haber desatado la reacción de los Concepción. Sea por el motivo que sea, la oposición ya ha pedido que se revise si en la concesión del contrato de las resonancias hubo fraude. Pero los ecos del conflicto también han llegado al PP. Fuentes del partido han dejado sentir el gran malestar que ha provocado

los movimientos en la sombra del ex diputado.