La pederastia salpica a Chile
Un juez renuncia a seguir una causa que afecta ya a los poderes legislativo y judicial
La investigación de una red de pederastia que dirigía el empresario Claudio Spiniak, actualmente procesado, tiene en vilo a los chilenos hace más de un mes, con vuelcos dramáticos como en un culebrón, y ha salpicado a los poderes legislativo, judicial y a la prensa. En el último y sorpresivo capítulo, el juez que procesó a los pederastas, Daniel Calvo, presentó su dimisión del caso a la Corte Suprema, que resolverá hoy (viernes) en un pleno. Calvo afirmó que era objeto de un intento de extorsión encubierto por haber ido a un sauna, la cual, según su regente, era un lugar de encuentro homosexual, donde el magistrado era cliente.
Spiniak, dueño de un gimnasio de lujo en la capital, frecuentado por la alta sociedad chilena, adicto a la cocaína, y seis de sus cómplices, hoy detenidos, contrataban adolescentes y niños de la calle por el equivalente a 35 dólares para orgías privadas que filmaba. Sus fiestas, que incluían drogas, sadismo, masoquismo, sexo con menores, entre otras, eran filmadas por sus amigos. Después de su detención, la primera juez del caso condujo con lentitud la investigación, hasta que la denuncia de María Pía Guzmán, vicepresidenta de Renovación Nacional (RN), uno de los dos partidos de la derecha, de que estaban involucrados en la red de pederastia tres senadores, dos del otro partido derechista, la Unión Demócrata Independiente (UDI), y uno de la Democracia Cristiana, sin nombrarlos ni presentar pruebas, provocó un seísmo político.
La clase política se defendió con espíritu de cuerpo. Guzmán fue separada de su cargo en RN, la comisión de ética de la Cámara la amonestó, y ella ha admitido imprudencia, pero sin retractarse ni ofrecer excusas como pide la UDI, que se querelló contra ella. Los nombres de los dos senadores imputados de la UDI han trascendido y fueron publicados por la prensa -Jovino Novoa y Carlos Bombal- aunque no existen pruebas, en los más de 130 vídeos no aparecen.
Por la conmoción que causó el caso, la Corte Suprema nombró al juez Calvo, un magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago de impecable trayectoria, a cargo de más de 60 causas de derechos humanos. Calvo desplegó un trabajo apabullante y pronto procesó a la red e interrogó a las víctimas. Su trabajo ha incluido excavaciones en varias de las residencias de Spiniak para comprobar las denuncias de desaparición de menores tras algunas orgías.
La UDI, el partido más cercano al ex dictador Augusto Pinochet, para defender a los imputados y por el temor de que el tema afecte la aspiración del alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, de llegar a la presidencia en 2006 ha acusado a todos de conspiración. Las acusaciones tensaron las relaciones en la derecha y desprestigiaron a todos los políticos.
El último acto tuvo mucho de patético. La prensa se enteró por denuncias y con cámaras ocultas que el juez Calvo, casado y con cinco hijos, tenía una vida oculta de homosexual. Éste lo contó a sus superiores y ante la prensa negó que su vida privada incida en su trabajo de juez. La mayoría de los políticos, jueces -un magistrado del Supremo preguntaba: "¿Y si yo fuera maricón, en qué afectaría"?- y sondeos han apoyado a Calvo, pero éste quedó en una situación vulnerable. El regente de la sauna gay que lo denunció no descartó que concurrieran menores al lugar en ocasiones, y la prensa ha quedado en entredicho por acudir a las cámaras ocultas y grabaciones sin que el interlocutor se entere.
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