Las aseguradoras europeas no podrán ofrecer cuotas diferentes a sus clientes en función del sexo

Las presiones de las aseguradoras no han hecho mella en la Comisión Europea. El colegio de comisarios aprobó ayer por mayoría proponer a los gobiernos una directiva que prohíba a las aseguradoras aplicar tarifas distintas según el sexo del asegurado y a los bancos dar un trato desigual por lo mismo. "La esperanza de vida es una cuestión de estilo de vida, no de genética", dijo la comisaria de Empleo, Anna Diamantopoulou.

Las aseguradoras, que ya han protestado, alegan aplicar la mera estadística a sus tarifas. De ahí que las mujeres suelan pagar más que los hombres en los seguros de vida, que se les niegue antes un seguro de jubilación (a los 60 años en vez de a los 65 en los varones) o que los hombres paguen más cara su póliza del automóvil porque suelen tener más accidentes que las mujeres. "Esta directiva lucha contra cualquier discriminación en función del género y, por tanto, también contra la que sufren los hombres", aclaró la comisaria.

Tras varios meses de análisis, de consultas y de confesadas presiones por parte de los sectores implicados, los servicios de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea han llegado a la conclusión de que, además, las estadísticas que utilizan las aseguradoras se sustentan en fundamentos obsoletos e incluso erróneos, porque la diferencia en la esperanza de vida, por ejemplo, entre hombres y mujeres es casi imperceptible y, desde luego, no determinante.

El aspecto más conflictivo de la directiva que los gobiernos empezarán a analizar probablemente a primeros de 2004 es el temor a que empuje los precios al alza, como vaticinan las aseguradoras, disminuyendo así la competitividad del sector. Diamantopoulou rechazó cualquier repercusión negativa.

La directiva, que trata de acabar con la discriminación por género en la provisión de bienes y servicios, afecta también a otros sectores, como el bancario. Bruselas asegura que las cuatro denuncias más habituales que se registran en la Unión contra ciertas prácticas bancarias son: denegar un crédito hipotecario a las embarazadas, rechazar situar a las mujeres como primer titular de una cuenta bancaria, no otorgar préstamos a los trabajadores a tiempo parcial (mayoritariamente, mujeres) y obligar a las mujeres a contar con un aval para acceder a un crédito.

Una vez que la directiva quede aprobada, los países miembros tendrán dos años para adaptarla a sus legislaciones, y entonces las empresas dispondrán todavía de seis años para cumplirlas.