El Supremo confirma la absolución de Puigneró por delito ecológico

El empresario Josep Puigneró saldó ayer todas sus cuentas con la justicia. El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución por delito ecológico que la Audiencia de Barcelona dictó el pasado mes de marzo y cierra de esa manera 12 años de pleitos en los que Puigneró se ha sentado varias veces en el banquillo y se convirtió en el primer empresario que entró en prisión en España por este motivo.

La sentencia de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona que ahora ha ratificado el Tribunal Supremo contenía una crítica muy dura hacia el fiscal de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, de quien los jueces dijeron en aquel proceso que actuó con mala fe procesal e incumplió los requisitos legales. La fiscalía recurrió contra esa absolución y ahora la ha confirmado el Tribunal Supremo.

El ponente de esa sentencia es Carlos Granados, quien era fiscal general del Estado cuando la fiscalía se querelló contra Puigneró. Pablo Molins, abogado del empresario, aseguró ayer que esta sentencia "confirma la crítica a la conducta ilegal del ministerio fiscal" y reclamó a Pérez de Gregorio "que reflexione y cambie su actitud en la tramitación de las causas por delito ecológico".

Durante el proceso que acabó con la absolución de Puigneró el fiscal pidió para él cuatro años de cárcel por vertidos contaminantes al cauce de la riera de la Tuta y del río Sorreig entre 1994 y 1995 y otros seis años de prisión por vertidos entre 1997 y 1998. La Audiencia de Barcelona consideró que la primera acusación debería haberse incluido en el pleito que desembocó en una condena firme contra el empresario de cuatro años de cárcel y que le llevó a ingresar en la prisión de Quatre Camins el 17 de abril de 1997. Ahora el Tribunal Supremo califica de "correcto" ese criterio. En cuanto a la segunda acusación, los jueces dijeron hace meses que los índices contaminantes no eran tan importantes como para trasladarlos a un proceso penal. El Supremo entiende ahora que "es razonable" esa decisión y que "ese exceso debe desplazarse hacia la mera infracción administrativa".

La querella que acabó con la condena firme contra Puigneró se presentó en 1991 y fue la primera de un total de cinco que ha afrontado el empresario en este tiempo. Las otras cuatro acabaron con sentencia absolutorio en primera o segunda instancia o ni siquiera llegaron a juicio. El encarcelamiento de Puigneró, además, resultó muy polémico en su día porque al cabo de unos meses de entrar en prisión la Generalitat le concedió el tercer grado y luego los jueces revocaron esa decisión porque el empresario no reunía los requisitos necesarios.