Los jueces que ejecutan las sentencias califican su situación de "insostenible"

Los cuatro jueces que se encargan en Madrid de hacer cumplir las sentencias que llevan aparejadas penas de hasta cinco años de cárcel acumulan casi 23.000 fallos pendientes de ejecución. Los jueces de ejecutorias califican de "insostenible" la situación y aseguran que la eclosión de conformidades merced a los juicios rápidos ha incrementado la carga de trabajo de sus juzgados, por lo que reclaman al Consejo General del Poder Judicial que dos de los actuales 23 juzgados de lo penal sean reconvertidos en juzgados de ejecutorias.

En la plaza de Castilla hay cuatro juzgados que se dedican en exclusiva a ejecutar las sentencias que les remiten los 23 juzgados de lo penal de Madrid, situados en la calle de Julián Camarillo. Una vez que se celebra un juicio en un juzgado de lo penal, la sentencia se remite a los juzgados de ejecutorias para que éstos la hagan cumplir. Pues bien, los juzgados de ejecutorias tienen ahora mismo pendientes de ejecución, vivas, un total de 22.621 sentencias. Según los jueces, la carga de trabajo se ha incrementado sustancialmente desde que entraron en funcionamiento los juicios rápidos. En éstos, si el reo se conforma con la pena que le pide el fiscal, la sentencia deviene en firme y se envía directamente a los juzgados de ejecutorias. Han aumentado las conformidades porque el reo que se conforma con una pena y evita el juicio, ve reducida su condena automáticamente en un tercio de la misma.

José Antonio Alonso, vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, ha denunciado que los juicios rápidos están forzando a los jueces a dedicarse "a las pequeñas bagatelas" y dejando de lado los asuntos de envergadura y retrasando la ejecución de las penas. "¿Para qué sirve que se ponga en marcha la lenta maquinaria judicial si luego la sentencia no se ejecuta, o tarda mucho en ejecutarse?", se quejan fuentes jurídicas.

Los cuatro jueces de ejecutorias de Madrid han enviado al Poder Judicial y al Tribunal Superior un escrito en el que aseguran que la situación de sus juzgados "es insostenible".

Indican que los juicios rápidos están agravando la ejecución de sentencias. "Ahora se está produciendo la poco comprensible situación de juicios rápidos y ejecuciones muy lentas", señalan en el escrito. Aunque reconocen que hay demoras en la ejecución de los fallos, matizan que "cada causa es un mundo" y que la ejecución "depende de si el condenado está en búsqueda y captura y de si éste, una vez localizado, accede voluntariamente al cumplimiento del fallo o lo obstaculiza".

Aparte del mayor trabajo que acarrean los juicios rápidos, los magistrados entienden que hay otros motivos que propician el actual colapso de sus juzgados, que llevan seis años funcionando. "La inestabilidad de las plantillas" de funcionarios "ha distorsionado y dificultado el funcionamiento de estos juzgados desde su creación". Cada uno de estos juzgados dispone de una plantilla de 30 funcionarios. Buena parte de ellos son interinos, por lo que hay un "continuo baile" de funcionarios. "Cuando los funcionarios interinos tienen experiencia", denuncian estos jueces, "éstos son sustituidos por titulares recién salidos de la oposición, quienes, a su vez, al concursar para ser destinados a su lugar de origen, son sustituidos por nuevos interinos, pero no los anteriores, que tienen que aprender desde el principio lo que los anteriores ya sabían". "Ello origina", añaden, "la situación realmente absurda de que los funcionarios interinos son destituidos y destinados a nuevos puestos cuyo desempeño desconocen, y son sustituidos por otras personas, también con carácter interino, que ignoran de su trabajo lo que los destituidos ya conocían". "No es fácil imaginar cómo se podrían hacer las cosas peor...", concluyen los jueces de ejecutorias.

Medidas paliativas

Como medida paliativa urgente proponen la conversión de dos de los 23 juzgados de lo penal en juzgados de ejecutorias, dado que aquéllos "han visto disminuir su carga de trabajo" a raíz del aumento de conformidades derivadas de los juicios rápidos. Los jueces calculan que los juzgados penales (ahora hay 23, que se quedarían en 21 si se produjese la citada reconversión) tocarían cada uno a algo más de "cinco juicios al mes". Se quejan estos magistrados de que sus juzgados nunca han tenido el tratamiento que requieren. "Aunque parezca mentira, estos juzgados andan faltos hasta de estanterías", señalan, y añaden: "Da una imagen bastante lamentable entrar en las salas de estos juzgados y encontrarse procedimientos en el suelo o encima de las mesas, y sin espacio físico para firmar o atender debidamente al público".

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, reconoce el incremento de la carga de trabajo de los juzgados de ejecutorias, pero no es partidario de reducir la cifra de juzgados de lo penal. "Los juzgados penales que hay son necesarios; y, además, hace falta crear otros dos de ejecutorias", reclama.