El sector de la seguridad privada reclama mayor reconocimiento social

La seguridad privada es un sector en auge y crecimiento constante que, sin embargo, no cuenta con un reconocimiento de la sociedad, según las conclusiones del Congreso Nacional de Seguridad Privada celebrado en Madrid. Este encuentro, que se clausuró ayer, ha sido promovido por quince asociaciones, con la colaboración de los tres sindicatos representativos de este colectivo.

Según las ponencias presentadas durante este congreso, la seguridad privada ha experimentado en los últimos años una gran expansión: tiene un crecimiento superior al 12% anual, así como unas expectativas de aumento constante, tanto de productos como de servicios de seguridad.

Para los participantes en el congreso, este auge no se traduce en un reconocimiento de la sociedad hacia el sector que, aseguran, no ha sabido proyectar su imagen. Los representantes de las empresas de seguridad privada consideran urgente adoptar las medidas necesarias para conseguir una "buena imagen pública y el reconocimiento social como sector útil" puesto que es necesario, añaden, que los ciudadanos sepan que "la seguridad privada complementa y mejora la labor de la seguridad pública en general".

Otro aspecto destacado en las ponencias es la escasez de mano de obra, sobre todo, en las labores de vigilancia, lo que dificulta los procesos de selección. Esto se traduce, explican, en servicios de peor calidad, baja cualificación profesional y exceso de horas trabajadas.

Ante esta situación, los representantes del sector de la seguridad privada estiman que hay que estudiar fórmulas que garanticen el desarrollo profesional, ampliar las categorías laborales y responder a la creciente demanda de especialización. Los ponentes también constatan una elevada rotación del personal que presta servicios de seguridad, lo que hace imposible atender las demandas de crecimiento y hace "sumamente difícil" prestar un servicio de calidad.

También constatan la necesidad de emprender una "lucha decidida contra el intrusismo" ya que, señalan, "los usuarios, las empresas de seguridad, las empresas instaladoras y mantenedoras de protección contra incendios estamos obligados a cumplir unos requisitos técnicos, legales y burocráticos exigidos por la Administración".

Explican que el Estado ha incrementado notablemente la demanda de servicios de seguridad privada y que las Administraciones públicas, al guiarse sólo por criterios económicos, determinan la mayor parte de las veces la elección de los servicios que contratan en función del precio, sin tener en cuenta los estándares de calidad o el incumplimiento de la legalidad de ciertos proveedores.