Columna
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Un caso

Seguramente nos gustan las novelas policiacas porque tratan de un mundo razonable, donde un detective recoge indicios y pruebas con amorosa atención a la realidad y, gracias a la inteligencia, identifica al supuesto culpable y lo pone a disposición de los jueces. La investigación es un modo de razonar, nunca un arrebato vengativamente justiciero. En las novelas policiacas clásicas no hay mazmorras medievales ni juicios de Dios: no te parten las piernas para que confieses si eres culpable y resistas si eres inocente. Pero la Edad Media duró aquí hasta los años setenta del siglo pasado, y la costumbre era que la policía trabajara menos la parte intelectual que la física: menos las pruebas que las palizas. Por eso han quedado muy pocas novelas policiacas españolas, clásicas: aquel universo razonador pertenecía a una realidad que aquí desconocíamos.

Ahora somos mejores: las pruebas son esenciales en el proceso y deben ser obtenidas sin vulnerar los derechos ciudadanos. Así que habrá que repetir un juicio de hace cuatro años, por hechos ocurridos hace once: un caso de 1992, el caso Ollero, con comisionistas y políticos de la Junta de Andalucía, corrupción y construcción de carreteras. Entre las pruebas contra los implicados figuraba la grabación de unas escuchas telefónicas: ¡los tratantes hablaban de su tema! Ahora, el otro día, el 29 de octubre de 2003, pasados más de diez años, el Tribunal Constitucional anula las resoluciones judiciales que autorizaron en 1992 la intervención de los teléfonos. El juicio de 1999 tendrá que volver a celebrarse sin oír las cintas con aquellas conversaciones de negocios.

Vuelvo a la literatura. Ernest Hemingway fue un extraordinario autor de diálogos (le bastaba un intercambio de frases anodinas para resumir el mundo de sus personajes), y las cintas del caso de 1992 me recuerdan los diálogos de Hemingway: captan el clima moral de una época. No pienso únicamente en la jerga que confundía poder político y dinero fácil: pienso, sobre todo, en la propia existencia de las cintas, las escuchas y las grabaciones. ¿Qué papel jugaron entonces policías y jueces en la pugna política? ¿Cómo conocieron aquellos tratos en el mismo momento en que se producían y antes de que hubiera delito? Las fuerzas del orden y la ley demostraron un prodigioso poder de anticipación exactamente en el momento en el que el PP descargaba toda su masa sobre un PSOE lapidado públicamente por corrupto.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal fija las condiciones en que se puede intervenir el teléfono de los sospechosos, pero el Tribunal Constitucional descubre ahora que la ley vigente es tan vaga, o tan laxa, que no garantiza el derecho fundamental al secreto en las comunicaciones telefónicas. Y otra vez este caso, inacabable como las largas carreteras de 1992, nos revela características de nuestro mundo económico, político, policial y judicial: el Tribunal Constitucional ve en 2003 que una ley de 1988 no es adecuada a la Constitución de 1978, anula resoluciones judiciales de 1992 y obliga a repetir muchos años después de los hechos un juicio de 1999, según informaba Bonifacio de la Cuadra este jueves, en este periódico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 01 de noviembre de 2003.