El PP endurece la multa a las empresas con inmigrantes sin contrato

Las empresas que empleen a inmigrantes sin contrato tendrán que pagar más que una multa ordinaria si un inspector las descubre. Una enmienda del Partido Popular a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos establece que, además de la sanción correspondiente, esas sociedades abonarán a la Seguridad Social las cuotas que tendrían que haber pagado por el trabajador. No obstante, el castigo no implicará el alta laboral del inmigrante.

El Partido Popular ha decidido penalizar más a las empresas que usen a inmigrantes como mano de obra sin contrato. A la sanción que hasta ahora pagaban las sociedades descubiertas en esta tesitura se suma otra: el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que la empresa tendría que haber realizado de haber firmado el inmigrante un contrato regular. Este dinero "se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social y se aplicará en la atención a inmigrantes", según el texto de la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2004.

Este endurecimiento de las sanciones no implicará, sin embargo, cambio alguno en la situación del trabajador, que no será dado de alta en la Seguridad Social.

Las modificaciones al texto original, presentadas ayer por el responsable del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, y por el portavoz de Presupuestos, Jordi de Juan, incluyen también seis que modifican la regulación de las cajas de ahorro. Tres de ellas recogen una petición que realizó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) relativa a la transparencia de las entidades. Las enmiendas establecen que las cajas constituirán una comisión de retribuciones que informe al consejo de administración sobre las operaciones estratégicas de la caja. Las entidades también deberán informar de los créditos que la entidad conceda a los miembros del consejo, a sus familiares y a los grupos políticos representados en la caja.

El resto de las enmiendas sobre cajas alude al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP por la ley de cajas del País Vasco, referente a la procedencia de los miembros de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Una de las enmiendas fija un plazo de seis meses para que las cajas vascas se adapten a la normativa general.