Los operarios acusados en el marjal de Pego trabajaban para el teniente alcalde

Un funcionario del Ayuntamiento de Pego declaró ayer ante el tribunal que juzga las agresiones del marjal de Pego-Oliva desde 1996 y hasta 1998 que José Orihuel, teniente de alcalde del municipio y presidente de la comunidad de regantes cuando ocurrieron los hechos, era además el encargado de Pego Fruta, empresa para la que trabajaban los tres agricultores imputados por realizar quemas ilegales en el paraje. Este extremo no fue confirmado por el procesado José Orihuel al acogerse a su derecho constitucional de no declarar. El ministerio público reclama a los braceros entre uno y seis años de cárcel por un delito ecológico; y siete años, para José Orihuel.

Por su parte, la mujer del ex alcalde Pascual y por entonces concejal de Promoción Agraria, María Teresa Ferrándiz, admitió que informes municipales aconsejaban no ejecutar actuaciones en el paraje si bien, según dijo, no los consideró al entender que "las obras no transformaban la realidad".

La séptima sesión del juicio a Carlos Pascual, ex alcalde de Pego, y a un miembro de su equipo de Gobierno, José Orihuel, continuó ayer en la Sección 3ª de la Audiencia de Alicante con la declaración de estos dos testigos a propuesta de la defensa del Ayuntamiento de Pego. El funcionario matizó que las cadenas en los caminos fueron colocadas por la comunidad de regantes y la asociación de cazadores. Este testigo apuntó que los regantes y los propietarios eran los titulares de los caminos, aunque, agregó, fueron cedidos al consistorio "para arreglarlos". Este punto fue corroborado por María Teresa Ferrándiz, quien reiteró que el arreglo de las vías fue "para uso público". Además, el funcionario subrayó que aquellas actuaciones ejecutadas en el marjal y aprobadas en pleno no fueron recurridas por ningún órgano.

María Teresa Ferrándiz admitió que conocía el auto del 14 de marzo de 1997 del Juzgado de Dénia que obligaba a paralizar las actuaciones realizadas en el humedal. Un año después de dictar este auto, la testigo medió en un conflicto entre la Guardia Civil y los operarios que trabajan en el marjal en septiembre de 1998, cuando los agentes instaron a paralizar los trabajos. La mujer insistió en que las actuaciones eran realizadas por los propios propietarios en sus terrenos. Hoy se cultiva arroz en los mismos sitios que entonces, dijo.