Toledo acusa al Consell Jurídic de excederse en sus funciones en el informe de los estatutos de la Jaume I

"Irrespetuoso". Ése fue uno de los muchos calificativos, todos negativos, que el rector de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Toledo, utilizó ayer para referirse al informe de legalidad que el Consell Jurídic Consultiu ha realizado de la reforma de Estatutos de la universidad castellonense para adaptarlos a la LOU. El informe, que la Consejería de Educación hizo suyo y trasladó a la Jaume I, "incumple sistemáticamente una sentencia del Tribunal Constitucional", "cercena la autonomía universitaria", "tiene un componente de tropelía" y "se excede de las funciones propias de emitir un informe de legalidad", según Toledo. Sin embargo, el rector justificó que el informe lleve el sello de la Consejería de Educación en cuyos responsables dijo haber encontrado "buena predisposición" para resolver "el problema en el que nos han metido a la Generalitat y a la universidad".

Pese a lo afirmado por el rector, es precisamente la consejería la que ha introducido reparos a los artículos en los que la universidad habla de "País Valenciano" y de "lengua catalana" como denominación académica del valenciano, mientras que el Consell Jurídic no lo hizo, entre otras cosas porque una sentencia del Tribunal Constitucional dio en su día la razón a la Universitat de València para definir el valenciano como lengua catalana en sus estatutos. Sin embargo, el Consell Jurídic pone objeciones a otros dos artículos referentes al valenciano como "lengua oficial" de la universidad castellonense, y no cooficial, y a que se requiera el conocimiento de la lengua a todo el personal docente y de servicios. "El cuestionamiento de la lengua es una manía personal y no jurídica", se quejó Toledo, quien aseguró que el informe entre, de forma sistemática, "en donde no debe entrar, en cuestiones técnicas o, incluso, de estilo, cuando su deber era hacer un informe de legalidad".

El documento del Consell Jurídic presenta 68 objeciones, 40 más que las que el Consejo de Estado puso a los anteriores estatutos de la Jaume I. Toledo quiso destacar que el 40% de esas objeciones se refieren a artículos "que no se han modificado y que están aprobados por decreto de la Generalitat".

El rector censuró el trabajo del Consell Jurídic que, según dijo, "se atreve a criticar la utilización de un lenguaje no sexista e insta a que utilicemos términos como rector, en lugar de rectorado". Varios de los artículos objetados se refieren a la llamada "reserva estatutaria" por la que se desarrollan reglamentos tras la aprobación de la regla general. Según el Consell Jurídic todos esos reglamentos han de estar incluidos en los estatutos, con lo que "quieren convertirlos en el libro gordo de Petete", dijo Toledo.