El fiscal rebaja su petición de pena para el ex director del Parque de Baza

La fiscalía rebajó ayer en seis años su petición de condena de cárcel para el ex director del Parque Natural Sierra de Baza (Granada) José María Irurita Fernández y para los madereros, todos ellos juzgados por una tala masiva de árboles en 1998. El fiscal mantuvo su petición de 14 meses de prisión para el ex delegado de Medio Ambiente Rafael Salcedo y subió su petición de pena para el jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Alejandro González Monclús.

En sus conclusiones definitivas, la fiscal retiró la acusación de malversación de caudales públicos contra Irurita, "ante la dificultad de tipificar dicho delito por la falta de elementos configuradores del mismo", aunque mantuvo los delitos ecológicos, de prevaricación y desobediencia. La fiscalía pidió finalmente una pena de siete años y once meses de cárcel, 12 años de inhabilitación y una multa que supera los 7.000 euros para Irurita.

Para los dos responsables de la empresa Muebles Senes, SL, Juan Antonio Senes, padre e hijo, la fiscalía retiró por idéntico motivo el delito de malversación y mantuvo la acusación de delitos ecológicos y de desobediencia. La fiscal pidió para cada uno de ellos una pena de siete años y ocho meses de cárcel, cuatro años de inhabilitación y más de 7.000 euros de multa.

"Falta de responsabilidad"

La fiscal consideró probada la "absoluta falta de inoperancia o, en su defecto, de responsabilidad" de Irurita, la falta de requisitos procedimentales en la autorización que otorgó a los madereros, y el "daño grave que produjo la tala al arbolado, los cauces y los arroyos". Añadió que esta tala era un "negocio, donde el hilo conductor fue el dinero", a través de un "contrato goloso" que "lesiona a la justicia y a terceros", ya que hubo madereros que hubieran estado interesados en el "aprovechamiento forestal" que se llevó a cabo en 1998.

Asimismo, sostuvo que se produjo "un vertido indiscriminado de residuos", que si bien no eran tóxicos "fueron perjudiciales por la ingente cantidad que se vertió a los arroyos Bodurria y Uclías".

Para Salcedo mantuvo la acusación por dos delitos ecológicos, alegando que es "clara su responsabilidad criminal en los hechos" y añadió que "ni siquiera visitó el parque cuando tuvo conocimiento" de la tala.

En el caso de González Monclús, le subió la pena de dos meses de cárcel a dos años y un mes, al retirar la atenuante de reparación del daño causado, "ya que limpió los cauces de los arroyos por imposición judicial y no por voluntad propia".

La fiscal puso de relieve la dificultad para contar con pruebas periciales imparciales ante la "inveracidad" y la "contradicción" de las declaraciones de los 16 peritos que han testificado en la causa. La fiscal solicitó "medios precisos para contar con peritos independientes" en los delitos medioambientales.