Álava recurre el 'plan Ibarretxe' por dos defectos de forma

La Diputación de Álava presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso contra la propuesta de nuevo Estatuto Político para Euskadi aprobada por el Gobierno de Vitoria el pasado sábado. La denuncia se dirige contra "el acto administrativo" de la aprobación, ya que según la institución foral presenta dos defectos de forma.

El recurso de la Diputación, gobernada por el PP, se fija en dos detalles que, aunque no aparecen especificados en el texto que se presentó ayer a mediodía, se desarrollarán en posteriores trámites ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por una parte, alude a que el Gobierno vasco no ha concedido "audiencia previa" a la institución alavesa en un asunto que afecta de lleno a la aplicación de los derechos forales. El segundo aspecto se refiere a que el desarrollo del plan Ibarretxe implicaría un cambio en la Constitución, una iniciativa en la que el Gobierno vasco es incompetente.

La Diputación de Álava confía en que se cumplan los plazos habituales en el Tribunal Superior, de modo que decida si admite el recurso a trámite en "uno o dos meses", según fuentes forales, es decir, antes de final de año. Durante ese plazo, el tribunal debe pedir el expediente administrativo al Gobierno vasco y solicitará a la Diputación que aporte sus argumentos contrarios.

El diputado general, Ramón Rabanera, asesorado por los servicios jurídicos de la institución provincial, entiende que si el tribunal admite el recurso podría pronunciarse de manera definitiva en "uno o dos años". Sin embargo, ha rechazado la posibilidad de pedir la suspensión cautelar del plan porque apenas tendría posibilidades de éxito.

El diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del Partido Popular, admitió que en caso de que el tribunal vasco rechace el recurso la Diputación verá agotadas las vías judiciales. Apuntó como siguiente paso la posibilidad de que "un número de senadores o diputados [50] recurran ante el Tribunal Constitucional".

Rabanera considera la propuesta de Ibarretxe como una "iniciativa legislativa" que lejos de invitar a la convivencia supone "un proyecto de desvertebración del País Vasco". "No se habla de los derechos de los territorios históricos, del Concierto Económico, o de competencias exclusivas de las diputaciones. Incluso se cambia el nombre, que en español es Álava. Ahora lo llaman Araba, el nombre en euskera. Hay unas decisiones que debo intentar impedir", concluyó Rabanera.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, reiteró que para que la propuesta salga adelante deberá obtener el respaldo de los ciudadanos de las tres provincias en un referéndum. Imaz se refirió al recurso presentado por la Diputación de Álava y sostuvo que el nuevo Estatuto Político no contiene ningún solo apartado o artículo que "modifique" las relaciones entre los territorios históricos y sus instituciones y las de la comunidad autónoma, algo que niegan los constitucionalistas.