Los promotores invitan a los ayuntamientos a impulsar nuevas VPO

Juan Bautista Soler, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios, invitó ayer a los ayuntamientos a sumarse al acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica, entidades financieras y los propios constructores para impulsar la edificación de viviendas de protección oficial en la Comunidad Valenciana en el acto de firma de un compromiso de cooperación con Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda.

El salón de actos de la sede de la asociación de promotores en Valencia apenas pudo albergar a las decenas de constructores que suscribieron con su presencia la importancia que conceden al convenio firmado por Blasco, como representante de la Generalitat, y Juan Bautista Soler, Francisco Murcia Puchades y Vicente Monsonís Boix como presidentes de las asociaciones de constructores de Valencia, Alicante y Castellón.

El convenio pretende dotar de "credibilidad pública y social", en palabras de Blasco, a la promesa electoral de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, de construir 100.000 viviendas accesibles a las rentas más bajas a lo largo de la presente legislatura. El responsable de Vivienda subrayó la importancia del sector de la construcción en territorio valenciano, "uno de los motores de desarrollo económico", y el acuerdo dirigido a "compatibilizar el mercado con las necesidades de los segmentos más desfavorecidos".

Soler, como presidente de los promotores, aseguró que la subida de precios de las viviendas de protección oficial en las tres capitales de provincia ha sido clave para comprometer a los constructores a edificarlas. Pero Blasco se comprometió a revisar hasta tres leyes para facilitar la disponibilidad de suelo y agilizar la tramitación de licencias.

Parte esencial del acuerdo pasa por concentrar las futuras viviendas de protección oficial. En lugar de dedicar un porcentaje de cada plan de actuación urbanística a viviendas protegidas y levantar un bloque protegido junto a edificios dedicados a las rentas más altas, se pretende "racionalizar" la distribución de las viviendas en cada municipio.

El anteproyecto de la nueva ley de ordenación del territorio también introduce varias disposiciones que obligan a los ayuntamientos a destinar a viviendas de protección oficial la mayor parte del suelo municipal que gestionan. Además, exige a las corporaciones locales que pongan en el mercado la mitad del suelo que controlan en el plazo de dos años.

El Instituto Valenciano de Vivienda, una empresa pública, ha pactado con una sociedad de Bancaixa la construcción de 10.000 viviendas protegidas.

Los promotores inmobiliarios, que construyen el 90% de las viviendas protegidas, asumirían el resto. El convenio firmado ayer evita los compromisos concretos, sólo establece la prioridad que se concederá a la construcción de viviendas protegidas antes que las libres en los nuevos planes de actuación urbana. Bautista Soler apenas comentó: "En esto del urbanismo, el que ponga plazos...".

Pero el acto constituyó sobre todo un gesto hacia las corporaciones municipales, que representan al tercero en discordia y cuya cooperación es decisiva para agilizar la edificación. El presidente de la asociación de promotores aprovechó la ocasión, "un día tan significativo", para invitar a los ayuntamientos a sumarse al acuerdo para impulsar la construcción de vivienda protegida.

El anteproyecto de ley de ordenación del territorio alude genéricamente a principios de cooperación institucional entre la Generalitat y los ayuntamientos que deben inspirar todas las gestiones públicas por el bien de los contribuyentes, pero está por ver la disposición de las corporaciones locales a la hora de asumir el destino obligado de los beneficios que ingresan por gestionar su suelo.

Por otra parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (Provía) advierte de que la escasez de suelo "amenaza" con paralizar la promoción de viviendas, informa Rebeca Llorente, y pide a los ayuntamientos "un mayor esfuerzo" por agilizar la gestión del suelo y ampliar su oferta para poder cubrir la demanda actual de vivienda.