Miembros del Seprona y de la protección del marjal declaran que Carlos Pascual autorizó los "incendios"

El máximo responsable del Seprona -el servicio de protección del medio ambiente de la la Guardia Civil- en el área de Pego (Marina Alta) declaró ayer que el marjal, catalogado de interés internacional, sufrió "muchas" agresiones que alteraron su entorno físico. El agente de la Guardia Civil, al igual que el responsable forestal de la zona, declararon ante el tribunal que juzga al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, que éste autorizó los "incendios" que calcinaron vegetación autóctona para cultivar arroz, sin previa autorización de la Generalitat.

El juicio a Pascual, a un miembro de su equipo de Gobierno y a cuatro agricultores por desecar e incendiar 600 hectáreas del parque protegido del marjal se reanudó ayer en la Audiencia de Alicante con la declaración de testigos. Un agente del Seprona, el responsable forestal y un jefe de bomberos coincidieron en manifestar que el entonces alcalde les comunicó que se trataban de quema de rastrojos, "una práctica tradicional" para el cultivo del arroz y de otras variedades hortofrutícolas. Sin embargo, el miembro del Seprona y el agente forestal apreciaron que la vegetación afectada por los incendios no estaba formada por rastrojos, tal y como declaró el ex alcalde, sino que eran carrizo y juncos.

El agente del Seprona manifestó que Carlos Pascual "se negó" a cumplir la orden del Juzgado de Dénia que obligaba a paralizar actuaciones de transformación en el humedal. El testigo apuntó que cuando, en abril de 1997, los trabajadores de la empresa Ruzafa, SL, fueron sorprendidos cuando roturaban las tierras, se les obligó a parar. Ante la orden, los empleados replicaron que el entonces alcalde les amenazaba con no cobrar. El ex alcalde de Pego se enfrenta a diez años y diez meses de prisión por un supuesto delito ecológico y de desobediencia a la autoridad judicial; su teniente de alcalde y ex presidente de los regantes, José Orihuel, a siete años y diez meses de cárcel.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló ayer dos planes de actuación urbanística aprobados por el ayuntamiento de Pego bajo la alcaldía de Carlos Pascual por irregularidades varias en la tramitación de los mismos, según informa Lydia Garrido.