El hospital de Alcorcón incumple el contrato que obliga a pagar por usar su aparcamiento

Los pacientes y trabajadores del hospital de Alcorcón utilizan gratuitamente el aparcamiento del centro sanitario desde su apertura, en 1997. Sin embargo, una empresa privada reclama ante los tribunales que desde 1998 tiene derecho a explotar económicamente sus 1.123 plazas, ya que ganó el concurso convocado por el hospital y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El centro sanitario admite que ha incumplido el contrato. Argumenta que la empresa iba a ganar más de seis millones de euros en 10 años, y el hospital sólo ingresaría 60.000.

Como el centro sanitario ha incumplido el acuerdo, válido durante cinco años y prorrogable otros cinco, la empresa le reclama 10,7 millones en concepto de indemnización. Pero el actual gerente del hospital de Alcorcón, Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha mostrado su intención de seguir incumpliendo el contrato. "Entendemos que es más beneficioso para los usuarios del hospital que el servicio de aparcamiento continúe siendo gratuito".

El hospital manifiesta que el acuerdo era "muy injusto". "La empresa iba a ganar más de mil millones de las antiguas pesetas y el hospital sólo un millón al mes. Nos negamos a cumplir un acuerdo con estas condiciones", añade el gerente. Preguntado por qué firmó el hospital un acuerdo "tan injusto", el gerente manifiesta no querer valorar la actuación de sus antecesores en el cargo.

Concurso público

El litigio legal, que está pendiente de ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, arranca el 28 de julio de 1997. En aquella fecha, el Boletín Oficial del Estado publicó el siguiente anuncio: "Resolución por la que se anuncia oferta pública para la conducción y explotación del parking de la Fundación Hospital Alcorcón". El 17 de octubre del mismo año, el hospital remitió una carta a la empresa Procervantes, SA, por la que se le informaba de que había ganado el concurso.

En 1998, el hospital decidió sacar a concurso el aparcamiento, después de que un informe interno revelara graves deficiencias en su funcionamiento sólo unos meses después de la inauguración del centro. Este informe reveló que vecinos de la ciudad estaban utilizándolo como "depósito de coches viejos, resguardo en vacaciones y como cochera de segundo vehículo". La gran afluencia de vehículos, además, "dificulta la circulación de ambulancias y genera incidentes muy desagradables en urgencias que hacen necesario recurrir a la Policía Local". El informe concluyó que la explotación económica era la mejor solución "a la falta de planificación y organización del aparcamiento".

Tras un año de negociaciones, el entonces gerente del hospital, Nicolás Pombo, y la empresa firmaron el contrato para la explotación del aparcamiento. El acuerdo establecía una tarifa pública reducida durante los primeros seis meses, 30 céntimos a la hora. Este precio sin embargo, debía ser doblado a partir del séptimo mes e incrementado en otros 15 céntimos cuando se cumpliera un año.

Para los trabajadores fue establecido un abono de 12 euros mensuales. El hospital percibiría 6.000 euros anuales.

Procervantes invirtió los los 263.000 euros establecidos en el acuerdo como "inversiones necesarias". La empresa contrató a cinco personas, entre ellas a cuatro minusválidos. La Fundación ONCE concedió a la empresa una ayuda de 4.500 euros por la contratación.

El negocio, sin embargo, empezó a truncarse unos pocos meses después, en la primavera de 1999. Al hacerse públicas las intenciones del hospital, el Ayuntamiento de Alcorcón amenazó con reclamar la reversión de los terrenos públicos, cedidos al hospital.

Ante el rechazo del Ayuntamiento y los vecinos, el hospital empezó a retrasar la puesta en funcionamiento del aparcamiento. La empresa no pudo renovar el contrato a sus trabajadores y comenzó a reunirse con los máximos responsables del extinto Insalud.

Fruto de estas gestiones, el hospital accedió en 2000 a comprar el material que Procervantes había adquirido para el aparcamiento (parquímetros, barreras, señales...). Hoy este material, sin uso, permanece depositado en las instalaciones del hospital. La empresa dice que esta "indemnización encubierta" sólo cubre una parte de las inversiones hechas.

Como las negociaciones no avanzaban, Procervantes denunció al hospital en noviembre de 2001 ante el Tribunal Superior de Justicia, que aún no se ha pronunciado. La empresa reclama el inicio de la explotación y la clausura del aparcamiento como medida cautelar hasta que el negocio no se ponga en marcha. Los jueces descartaron esta última medida en un reciente auto. La empresa reclama al hospital, como indemnización si finalmente no puede explotar el aparcamiento, 10,7 millones.