Aguirre y Simancas, pendientes de la abstención

Casi 4,5 millones de electores están llamados hoy de nuevo a las urnas en las elecciones a la Comunidad de Madrid. El pasado 25 de mayo, PSOE e IU obtuvieron 1.460.818 votos (el 47,6 %) frente a los 1.429. 890 (46,6%) del PP, lo que les permitía, con 56 escaños frente a los 55 del PP, gobernar la región. Con una participación del 69,27% del electorado, la diferencia entre el PP y los dos partidos de izquierda fue muy estrecha: apenas 31.000 votos. Sin embargo, la deserción de los diputados electos Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez obligó a convocar nuevas elecciones. El panorama anunciado para hoy por los sondeos es distinto al de mayo. Así, Esperanza Aguirre, la candidata del PP, obtendría la mayoría absoluta. Pero esos mismos sondeos hablan de un porcentaje muy elevado de indecisos y de una abstención en torno al 40%. Tanto Rafael Simancas, el candidato del PSOE, como Aguirre estarán hoy muy pendientes de esos indecisos. De ellos dependerá el Gobierno de la Comunidad tras una campaña que ha girado en torno a la vivienda, el transporte público y la trasparencia política.

Las consignas de esta campaña son hijas directas de la crisis desatada el 10 de junio en la Asamblea de Madrid por los diputados socialistas tránsfugas Tamayo y Sáez. Desde ese día, el PSOE ha defendido que detrás de los dos desertores había una "trama" político-económica que alcanza los despachos del PP y que tiene como objetivo evitar un "Gobierno de izquierdas" en Madrid con el poder "de los cheques". Ése ha sido el eje argumental de la campaña de los socialistas, que han llegado a acusar de "delincuente" al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

Del bochorno vivido en la Cámara han sacado también su consigna estrella los populares. Aguirre no se ha cansado de recordar que PSOE e IU negociarán un Gobierno conjunto si no obtienen mayoría absoluta por separado, y eso, según el PP, los convierte en una "coalición social-comunista" peligrosamente escorada a la izquierda, "sectaria" y "peligrosa". Dicho argumento le ha servido a la candidata para eludir el tradicional debate electoral a tres en la cadena pública Telemadrid, con la excusa de que "una coalición debe enviar a los debates a un solo portavoz".

Aguirre y su equipo han diseñado una campaña de tono muy bajo, encaminada, según los socialistas, a "fomentar la abstención". Los populares se han negado a acudir a debates en medios de comunicación y las apariciones de Aguirre han sido, en su mayoría, jugando en casa: con interventores del PP o en actos en los que no tuviera que responder a demasiadas preguntas. Simancas, por el contrario, culminó el viernes una campaña de omnipresencia: ha participado en cinco o seis actos diarios y ha lanzado promesas nuevas que no hizo en mayo. Intentaba con ello ganarse a la parte de su electorado que, según teme el PSOE, ha podido caer en el desánimo tras la traición de Tamayo y Sáez. El PP ha descalificado sistemáticamente esas propuestas de última hora como "conejos sacados de la chistera a la desesperada".

La primera de estas novedades en el programa del PSOE es la de ofrecer transporte público gratuito para los menores de 21 años y los mayores de 65 a partir del año 2005. Simancas

la cuantificó en 190 millones de euros por ejercicio. El PP tachó la propuesta de "inviable" y "absurda", aunque en 1991 había prometido algo parecido (que no cumplió) para los autobuses de la EMT.

Los socialistas se han comprometido también a sancionar a las empresas que discriminen a las mujeres, algo que, según los populares, ya está recogido, "a propuesta del PP" -aunque sin ninguna concreción-, en el proyecto de ley de subvenciones públicas, aún en tramitación. Y la tercera propuesta estrella del PSOE ha sido, más bien, una continuación de algo prometido en mayo: Simancas concretó esta semana dónde levantará las 100.000 nuevas viviendas de protección pública que se comprometió a construir si gana los comicios.

El PP sólo ha incorporado a su programa una propuesta nueva: la modificación de la Ley Electoral autonómica para instaurar un sistema de listas "desbloqueadas" de las que los ciudadanos puedan tachar nombres antes de meter la papeleta en la urna. Esta propuesta fue criticada por el PSOE argumentando que es una medida tibia, a medio camino entre el sistema actual y el de listas abiertas, y que no evita el transfuguismo.

Tras la espantada de los tránsfugas se declaró en la Asamblea una guerra del patrimonio que ha durado cinco meses. PSOE e IU se han esforzado por dejar claro ante los ciudadanos que no tienen "nada que ocultar" porque los miembros de sus respectivas listas son "gente honesta", y para probarlo han hecho públicas las pertenencias de todos ellos. El PP se ha negado a imitarlos en eso, aunque sí se ha sumado, con cierta reticencia, a otras iniciativas de "regeneración democrática" que la izquierda ha ido lanzando a la ciudadanía a lo largo de veinte semanas.

Eso es lo que ha hecho esta cita electoral distinta a las demás: nunca antes los candidatos en liza se habían afanado tanto en marcar diferencias en el ámbito de la "decencia", en comparar el tamaño y limpieza de sus bolsillos o en idear propuestas originales para hacer más transparente el funcionamiento de la Administración. PP, PSOE e IU se han puesto de acuerdo en las siguientes:

- Que las reuniones de la Consejería de Urbanismo, donde se autorizan o deniegan las recalificaciones de suelo de los ayuntamientos, sean públicas.

- Eliminar los beneficios económicos que ahora disfrutan los diputados que dejan su grupo.

- Que los gobernantes que incumplan más del 25% de su programa no puedan volver a presentarse.

Además, PSOE e IU han planteado otras medidas, como la expulsión definitiva de los tránsfugas de la Cámara, la creación de un registro público que recoja el patrimonio de los diputados o la formación de un tribunal de notables que vigile el cumplimiento del programa de Gobierno. Ninguna ha sido aceptada por el PP.

IU promete que quien la necesite podrá acceder a una vivienda, sobre todo en alquiler, y que universalizará derechos sociales. Cumplir sus compromisos en vivienda costaría 3.390 millones de euros, y los relacionados con derechos sociales, 1.400 millones.

El candidato Fausto Fernández se ha comprometido a impulsar 120.000 viviendas protegidas: 100.000 se autofinanciarían al ser vendidas y las restantes, para alquilar, supondrán 1.800 millones de gasto. También creará una agencia pública que arrendará a sus propietarios 60.000 pisos ahora vacíos y los realquilará a precio barato. En total, un coste de 1.000 millones. Rehabilitar otros 60.000 pisos degradados serían 540 millones.

IU pretende, además, complementar las pensiones más bajas hasta los 451 euros. Eso costaría 365 millones y es una de las medidas de lo que denomina la "tarjeta social". Mejorar la atención sanitaria, que incluiría garantizar una media de 10 minutos por consulta y la contratación de 1.300 médicos, supondría 400 millones. Por último, crear 200 escuelas infantiles y 50 casas de niños serían otros 300 millones; y la atención bucodentral para todos los madrileños menores de 18 años costaría 20 millones de euros.

Esta información ha sido elaborada por Vera Gutiérrez, Manuel Cuéllar y Naiara Galarraga.