Aclaraciones

En una columna anterior, al opinar sobre la pertinencia o impertinencia de abrir la fosa en la que descansaban los huesos de Federico García Lorca, escribí que el poeta no fue asesinado, sino ejecutado, y que su muerte no fue un acto ilegal, sino legal. Con mejor o peor voluntad, algunos de mis lectores más fieles han vuelto a escandalizarse, y yo quiero pedirles disculpas, incluso quiero darles una explicación. No me gustaría parecer un defensor del franquismo, contra el que, por cierto, me despaché en la misma columna con un tono de inconfundible desprecio. No pretendí suavizar la muerte de García Lorca, ni la de los otros miles de granadinos que fueron ejecutados por los verdugos franquistas. Por el contrario, intentaba dejar clara la responsabilidad de un Régimen. A la hora de valorar moralmente las decisiones del poder, conviene distinguir entre legalidad y legitimidad. Hay decisiones que son ilegítimas, aunque sean legales. La pena de muerte sigue siendo legal en muchos países, pero resulta difícil considerarla legítima. Al escribir que García Lorca fue ejecutado por la legalidad franquista quise insistir en la responsabilidad de un régimen ilegítimo que fundó sus leyes sobre la represión y la muerte. Soy de los que opinan que el terrorismo de Estado, legal o ilegal, pero nunca legítimo, es más grave que el terror de los delincuentes particulares.

Las autoridades franquistas procuraron desde el principio ocultar su responsabilidad sobre la muerte del poeta. En 1937, el Caudillo declaró al diario mexicano La Prensa que fue un accidente, natural en las guerras, provocado por la locura de las autoridades republicanas. También se hizo correr la idea de que se había tratado de un ajuste de cuentas entre maricones. Por su parte, el escritor falangista García Serrano quiso lavar el honor de su camisa azul, sugiriendo que la muerte fue asunto particular de la CEDA y que el poeta había escrito una oda a los muertos de la Falange. El hijo de un conocido fascista granadino salvó después la responsabilidad familiar, demostrando con pruebas que el día de la ejecución a su padre no le tocaba fusilar en Víznar, sino en otra parte de la provincia, como si los otros 4.000 granadinos ejecutados careciesen de importancia. Por eso tuvo tanto valor la publicación del libro de Ian Gibson, La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca (1971), en el que se demostró, justo en el momento oportuno, cuando el recuerdo de las víctimas del franquismo podía ser más útil, que la muerte de García Lorca no se debió a una "fechoría" de la Escuadra Negra, sino a una "operación montada oficialmente por el Gobierno Civil", que consultó y actuó según la indicación de sus superiores. El poeta fue ejecutado por el mismo régimen que siguió firmando sentencias de muerte, de forma legal, pero ilegítima, hasta poco antes de desaparecer legal y legítimamente. Hoy el problema de la sociedad española no es Franco, sino los cachorros de Aznar. Por eso me gustaría que dejásemos en paz a los muertos del franquismo y que pensásemos en las apuestas de nuestro futuro. No confundamos la memoria histórica, encarnada de un modo inmejorable por el simbolismo del barranco de Víznar, con la arqueología.