Decálogo

En esta cultura de iconos, liturgias, gestos y ceremoniales en que nos movemos, que la declaración fuera en Ares -puerta de la ocupación catalano-aragonesa de la taifa valenciana en el siglo XIII-, que se produjese en vísperas del 9 d'octubre, y que el conseller Esteban González Pons reuniese a los subsecretarios de las diferentes conselleries, a la secretaria de la AVL y a su director general de Política Lingüística, David Serra, no puede significar sino que el Gobierno Valenciano daba un paso decidido al frente en el largo camino de la normalización de la lengua propia de los valencianos como vehículo de comunicación entre nosotros.

Un paso que sigue al importantísimo dado en la anterior legislatura para establecer una institución capaz de enjugar el enfrentamiento a propósito de la identidad de nuestra lengua, la AVL, y que supuso la devolución por parte del ámbito de la política al de la ciencia del debate que tantos sinsabores y retrasos produjo en el establecimiento de un estatus digno para el valenciano, propiciando una salida científica sin sobresaltos.

Si la AVL nacía en un clima de diálogo entre los dos grandes partidos (con el apoyo externo entonces del BNV y el concurso de las Universidades públicas valencianas y de no pocas entidades culturales de nuestro país), y a su creación se adosaba un acuerdo a propósito de otras medidas a adoptar por el Gobierno para conseguir el cumplimiento de las disposiciones del Estatut de Autonomia y las de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, lo bien cierto es que el cumplimiento estricto del resto de compromisos fue más bien escaso.

Fruto de la lentitud con que el Gobierno habría asumido parte de los acuerdos suscritos entonces fue la continuación de la campaña a favor del establecimiento del requisit lingüístic como instrumento de normalización de la lengua en las Administraciones públicas y el alineamiento creciente de colectivos ciudadanos y personas en torno a una serie de iniciativas que recuerdan que sin compromiso en favor de la exigencia del requisito lingüístico en la Administración las políticas que se diseñen para la normalidad se encontrarán con un escollo insalvable: el desconocimiento del valenciano por parte de quienes han de hacer posible su uso oral y escrito en aquella.

Por eso, debe entenderse el Decàleg d'Ares como una respuesta ágil de un Gobierno que apenas si había consumido sus primeros cien días a lo más perentorio por cumplir de los acuerdos que dieron vida a la AVL, y como una tabla de compromisos inaudita en otras latitudes, y -esto es lo más denotativo-, como un paso que se da tarde a causa de una historia jalonada de lamentables desencuentros.

Algunos pueden pensar y alegrarse de ello que las recientes críticas contra el Decàleg por parte de ciertos responsables del PP en Alacant demuestran que el Gobierno no lo tiene fácil en su apuesta por cumplir lo que en su día firmó y que lo que demandan colectivos que no tienen nada que ver con la clientela habitual del PP será difícil que el PP lo lleve adelante en serio.

A estos, y a quienes desean que haga lo que haga el PP, lo procedente es que fracase, se les debería recordar que sea de quien sea el éxito o el fracaso, lo que realmente importa es que nuestra lengua tenga el rango que le corresponde en nuestra propia casa, y cuanto antes mejor. Y en este asunto, los usuarios leales del valenciano deberíamos estar con y aplaudir al Gobierno valenciano. ¿O no?