Las donaciones para fomentar el valenciano tendrán rebajas fiscales

El Consell bonificará con un 10% del IRPF las donaciones destinadas al fomento del valenciano a partir del año próximo. Así figura en el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos para 2004 en el que se modifican un total de 20 leyes vigentes. La iniciativa legislativa, que hoy analizará el Consejo Económico y Social, introduce cambios importantes en el tramo autonómico del IRPF, la Función Pública, las infraestructuras y la vivienda. El carácter de cajón de sastre de la ley incluye hasta expropiaciones para carreteras.

El anteproyecto de ley, que todavía no ha sido aprobado por el Consell a la espera del dictamen del Consejo Económico y Social (CES), pretende introducir modificaciones en las siguientes leyes: tasas, tarifas portuarias, IRPF, saneamiento de aguas residuales, juego, hacienda pública, función pública, suelo no urbanizable, reguladora de la actividad urbanística, forestal, regulación de la actuación financiera de las cooperativas, cooperativas, protección civil, turismo, acompañamiento de Presupuestos de la Generalitat para 2002, reguladora del contrato de concesión de obra pública, defensa de los recursos pesqueros, RTVV y los textos por los que se crearon las agencias valencianas de Cooperación, por un lado, y Ciencia y Tecnología, por otro.

La ley de acompañamiento de los presupuestos que pretende aprobar el Consell introduce dos novedades respecto a la regulación del tramo autonómico del IRPF. Por un lado, se bonifican con un 10% las donaciones destinadas al valenciano que se hagan a la Administración autonómica y local y entidades sin fines lucrativos "siempre que su fin exclusivo sea el fomento de la lengua valenciana". Por otro se bonifica con el 99% de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones las transmisiones que se realicen a menores de 21 años a causa de la muerte de sus progenitores. Una medida que tiene como objetivo "el mantenimiento incólume del patrimonio heredado como recurso económico colectivo de la familia del fallecido".

En materia de Función Pública se da rango de ley al Plan de Estabilidad Laboral aprobado recientemente con la mayoría de sindicatos y se crea el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Generalitat. Una medida tendente a garantizar un estatus especial a los auditores de las cuentas del Consell que también modifica la ley de Hacienda Pública para eliminar la obligación de cancelar la deuda a corto plazo (cuatro años) en la financiación de proyectos de inversión.

Junto a estas modificaciones de calado, el texto legislativo que avala el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, también incluye un importante paquete de medidas en materia de infraestructuras y vivienda. Así, se introducen cambios en la polémica LRAU para considerar como "dotación pública y equipamiento asistencial, el suelo destinado a viviendas dedicadas a residencia permanente en régimen de alquiler para personas mayores, discapacitadas y menores de 35 años con objeto de que los planes generales [de ordenación urbana] reserven terrenos a dicha finalidad". También se prevé la creación de un registro autonómico de Patrimonios Públicos Municipales que permitirá a la Generalitat expropiar a los municipios el suelo que no utilicen para promocionar la construcción de VPO en el plazo de dos años de acuerdo con las disposiciones de la Consejería de Territorio y Vivienda.

La reforma legislativa de la LRAU propuesta por el Consell en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004 obliga a los municipios de más de 10.000 habitantes a destinar todo el aprovechamiento urbanístico que les corresponda por actuaciones en suelo urbanizable residencial a la promoción de viviendas de protección pública. Bien mediante la realización directa de esta clase de viviendas, bien mediante la cesión gratuita del suelo vinculada a tal fin. Las excepciones a esta disposición legal quedan a criterio de la Consejería de Territorio y Vivienda.

En la ley sobre Suelo No Urbanizable, el Ejecutivo pretende ampliar el plazo de silencio administrativo hasta un máximo de seis meses en distintos supuestos en los usuario no tenga respuesta escrita por parte de la Generalitat.

En el texto de acompañamiento de la ley de presupuestos de la Generalitat para 2004 también se crea el Ente Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat con el que se pretende distinguir entre la construcción y mantenimiento de infraestructuras y la explotación de los servicios de transporte "sentando las bases que permitan la liberalización del mercado".