Un caso judicial sepultado entre papeles

El caso del Prestige avanza lentamente en el juzgado de Corcubión (A Coruña), empantanado en un mar de papeles y personas que se han presentado como afectadas. Aunque no hay grandes novedades, el sumario no para de crecer. Acaba de abrirse el tomo noveno, y cada uno tiene unas 400 páginas. El pequeño juzgado de la localidad de 2.000 habitantes, acostumbrado a tratar juicios de faltas, herencias o divorcios, sigue desbordado. Cada vez más. Aunque en los últimos meses, con las vacaciones, la actividad se ha frenado notablemente, nadie parece tener quejas del juez, Francisco Javier Collazo, que ha iniciado su carrera prácticamente con este sumario. Las protestas se deben a la falta de medios.

Un dato sirve para ilustrar la escasez. Hay al menos 300 personas que han acudido al juzgado para exigir responsabilidades. Y dos organizaciones, Nunca Máis e Izquierda Unida, que se han personado como acusación particular. En teoría, tienen derecho a recibir copia de todo lo que se va incorporando al sumario. Pero sólo hay una fotocopiadora en el juzgado, y el juez sólo tiene a seis funcionarios a su cargo. El asunto ha llegado a la Audiencia Provincial, que ha determinado que las partes, aunque sea a su costa, tienen derecho a conocer el sumario.

Además, el juzgado también está a la espera de datos fundamentales. Sobre todo, las comisiones rogatorias aún no respondidas. Es fundamental la que se pidió a Rusia para saber qué pasó durante la larga estancia del barco en el puerto de San Petersburgo, donde fue utilizado como depósito. Hay otra a Dinamarca, país del práctico que navegó con el Prestige y mucho después de que se hundiera dijo a la prensa que "no estaba en condiciones de navegar".

También espera el juzgado una evaluación definitiva de los daños. Muchos ayuntamientos y comunidades no han enviado aún su informe, y otros no pueden cerrarse porque el chapapote sigue llegando a las playas.

En las últimas semanas sólo ha habido dos novedades. Por una parte, la presentación del informe pericial de Nunca Máis. Esta organización trata de demostrar la responsabilidad del Gobierno. Por otra, la decisión del juez de autorizar que los robots de Repsol, con supervisión judicial, recojan muestras del pecio para saber por qué se rompió el barco. El Gobierno pretende inculpar a la sociedad calificadora ABS, que certificó el buen estado del buque.

El informe pericial de Nunca Máis ha sido encargado a Felipe Louzán, capitán de la marina mercante y profesor de técnicas de navegación en la Universidad de A Coruña. Trata de reforzar la idea de que el Gobierno se equivocó, y por tanto es responsable. Para ello es fundamental demostrar que había una opción alternativa. En un informe de 50 páginas se explica que el traslado del buque a la Ría de Corcubión, al abrigo del temporal, hubiera minimizado las consecuencias del vertido. Esta ría, de calado más que suficiente, está a sólo seis horas de navegación de donde estaba el Prestige cuando se acercó a la costa.

El informe destaca tres errores de las autoridades españolas. Primero, enviar un solo inspector al barco, que no detectó que el Prestige se rompería en alta mar; luego, imponerle el peor rumbo posible, dada la meteorología de esos días; finalmente, obligarle a arrancar el motor, lo que desestabilizó más la estructura del petrolero.