El TSJ anula la urbanización de El Pinet en Elche por su impacto

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana acaba de emitir una sentencia que anula la urbanización y el plan de mejora del sector de La Marina, el controvertido MR-9, situado a medio kilómetro del parque natural de Las Salinas. La sentencia está motivada por el recurso que Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), colectivo integrado en la Plataforma Salvem El Pinet, interpuso en julio del año 2000 ante el TSJ contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Elche con fecha 27 de marzo de 2000 por el que se aprobó el plan parcial de mejora y el proyecto de urbanización del sector MR-9 del Plan General de Elche.

La sentencia anula dicho acuerdo al "no haberse realizado el preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental" exigible en aplicación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, un trámite que era de obligado cumplimiento al estar los terrenos del sector MR-9 en el interior del perímetro de protección del parque natural, según explicaron ayer fuentes de la organización conservacionista.

La sentencia rechaza la argumentación expuesta por el Ayuntamiento de Elche, que preside el socialista Diego Macià, al considerar que la evaluación de impacto ambiental a la que se sometió el PGOU de Elche hacía innecesaria la evaluación de impacto ambiental del plan parcial de mejora y del proyecto de urbanización aprobados en marzo de 2000. También descarta la pretensión de que dicha evaluación de impacto ambiental pudiera ser sustituida por el informe del director conservador del parque natural.

Jurisprudencia

Por último, la sentencia aporta jurisprudencia en relación a una actuación urbanística promovida por otro Ayuntamiento, el de Peñíscola (Castellón), anulada también por carecer de evaluación de impacto ambiental. Según ASHA, reconoce "la fundamentación de nuestra demanda y se deja en evidencia tanto al Ayuntamiento de Elche como a la ya extinta Consejería de Medio Ambiente, que debiera de haber intervenido anulando el acuerdo del consistorio ilicitano.

El colectivo denunciante "lamenta que en los más de tres años transcurridos desde la interposición del recurso ninguna Administración pública (ni Elche ni la Generalitat) haya hecho absolutamente nada por evitar la ejecución de las obras de urbanización y de edificación del sector, unas obras que han causado ya un gran impacto ambiental y paisajístico sobre las Salinas del Pinet y que ahora la sentencia del TSJ convierte en ilegales". Por ello los denunciantes reclaman tanto al Ayuntamiento como a Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana la "inmediata paralización de las obras en el sector, unas obras que son ilegales". Los ecologistas vuelven a reivindicar ante ambas Administraciones la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección de estos terrenos.