La juez ordena el desalojo de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona

La juez que instruye el caso de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona ha dado la razón al Ministerio de Defensa, propietario del recinto. Ayer ordenó a los 200 ocupantes del complejo que quedan, que lo desalojen antes de 20 días. Los abogados de los ocupantes, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, anunciaron que recurrirán la sentencia. Mientras, continúa el realojamiento de los ocupantes por la Generalitat y el Ayuntamiento.

La vista oral del juicio con el que el Ministerio de Defensa pretende poner fin a dos años de ocupación, se celebró el pasado 21 de julio en el Juzgado de Instrucción número 37 en medio de una gran expectación, y 200 habitantes de los cuarteles acudieron a seguirla desde el exterior de los juzgados. Defensa solicitó tramitar el desalojo por vía de urgencia, pero la juez Isabel Giménez lo desestimó. La orden de ayer zanja definitivamente el contencioso.

Desde entonces, la realidad ha cambiado mucho en los cuarteles. En verano, los habitantes sumaban unas 600 personas, entre inmigrantes y okupas. Pero la cifra se ha ido reduciendo hasta llegar a unas 200 a causa, sobre todo, del miedo de los inmigrantes a ser identificados y deportados. Además, en los días del juicio formaban una piña, celebraban concurridas asambleas y contaban con portavoces reconocidos por la mayoría y apoyados por la organización Papeles para Todos. Con la estampida que se ha producido, toda esta unión ha quedado atrás.

En el recinto, las tareas de saneamiento y derribo de edificios deshabitados por parte del Ayuntamiento han dado paso a un paisaje desolado, en el que las excavadoras han perforado hasta los patios de los cuarteles. Ante este panorama, los ocupantes que quedan recibieron ayer la noticia con aparente frialdad. "En realidad, nos están desalojando desde el mes de julio", decía un marroquí.

Acogerse al dispositivo

Además de los ocupantes que se han marchado, Cruz Roja se ha encargado durante este tipo, a través de un convenio con la Generalitat, de realojar a los inmigrantes en situación irregular que se acogen a su programa de asistencia. Hasta el pasado lunes habían albergado en pisos o pensiones a unas 190 personas. El director general de Servicios Comunitarios de la Generalitat, Valentí Sallas, aseguró ayer que si se produce el desalojo albergará a los sin papeles que se encuentran en situación de "mayor vulnerabilidad".

Desde el Ayuntamiento, cuyos servicios sociales también han buscado hospedaje para algunos menores, el concejal de Presidencia, José Cuervo, solicitó a los inmigrantes que abandonen el recinto "de forma pacífica" y se acojan al dispositivo de albergue de Cruz Roja, una alternativa que se prolonga "entre tres y ocho meses". Cuervo también pidió a los vecinos y "a las entidades que representan a los inmigrantes", refiriéndose explícitamente a Papeles para Todos, que les inviten a acogerse al dispositivo.

El portavoz de Papeles para Todos, Enrique Mosquera, calificó la sentencia de desalojo de "política" y exigió a las administraciones un "plan real". Por su parte, Yerko Toro, que durante el verano actuó como portavoz, se mostró partidario de que los inmigrantes abandonen el recinto: "No podemos llamar a la gente que no tiene papeles a enfrentarse con la policía", dijo. El equipo de 10 abogados que les representa se reunirá en los próximos días para elaborar el recurso y presentarlo ante la Audiencia Provincial, aseguró ayer Candela Serna, una de las letradas.