Gil no declara ante el juzgado que le imputa instalar gasolineras en parques

Jesús Gil tenía ayer en Marbella su tercera cita judicial en tres días. Disculpó su ausencia por encontrarse todavía en Madrid, en donde el jueves declaró ante la Audiencia Nacional. Junto a Gil estaba citado Julián Muñoz, que acudió puntual. Ambos están imputados por autorizar la construcción de ocho gasolineras en un suelo reservado por el PGOU vigente a parques y jardines, equipamiento escolar y comercial.

Los dos ex alcaldes fueron denunciados por Los Verdes, por autorizar las gasolineras en terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 reservaba a parques y equipamiento. Jesús Gil no acudió al Juzgado número 3 de Marbella, que instruye el caso, con el argumento de que no pudo volver de Madrid en donde el jueves declaró por un presunto fraude de 91 millones.

Para Julián Muñoz "este es un caso más de licencia de obras". El ex alcalde dijo que no estaba muy al corriente del asunto: "Aunque seguramente habré firmado yo el convenio", precisó. Tanto el ex alcalde como los otros seis antiguos ediles del GIL que acudieron ayer al juzgado, imputados por prevaricación y delito urbanístico, declararon como viene siendo habitual que votaron a favor de las licencias en base a informes técnicos y jurídicos realizados por los servicios municipales. Sin embargo, la abogada y diputada de Los Verdes, Inmaculada Gálvez, sostiene que "en unos casos los técnicos se pronunciaron desfavorablemente, mientras que en otros no constan los informes".

La letrada solicitará que se impute también al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, al antiguo asesor de Jesús Gil, José Luis Sierra, y al gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, ya que todas las autorizaciones fueron pactadas en convenios negociados en Planeamiento 2000 por este último. Gálvez pedirá también que se amplíe la calificación de los delitos a tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.

Según la diputada verde la Fiscalía ha pedido en dos ocasiones el archivo de las diligencias, contra la que se ha opuesto la Audiencia Provincial de Málaga. El juez había citado también a varios tenientes de alcalde que estaban en la comisión de gobierno que concedió las licencias entre 1991 y 1998. Entre estos figuraban el ex presidente de Ceuta, Antonio Sampietro, y el concejal barbateño, Antonio Romero, que fue destituido como delegado de Obras por su implicación en este caso. Ninguno de los dos acudió al juzgado.