El juez abre juicio por el fraude en el Consorcio de Turismo de la Generalitat
El fiscal solicita entre 5 y 12 años de cárcel por malversación, prevaricación, estafa y falsedad
Un juez de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra 13 personas por las presuntas irregularidades económicas ocurridas entre 1993 y 1995 en el Consorcio para la Promoción del Turismo de Cataluña, dependiente de la Generalitat. El fiscal de delitos monetarios Fernando Rodríguez Rey solicita para ellos penas que oscilan entre cinco años y medio y 12 años de cárcel.
El juez considera que existen indicios para imputarles los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En las investigaciones aparece como principal responsable Joan Cogul, que fue director del consorcio entre enero de 1992 y diciembre de 1995. El fiscal solicita para él 12 años de prisión y el juez considera que realizó concesiones arbitrarias desde su cargo para beneficiar a empresas "vinculadas al mismo y a su entorno" por "servicios no prestados" o estudios innecesarios. En otros casos, la Generalitat pagó cerca de tres millones de pesetas (unos 18.000 euros) por dos estudios turísticos que "son una copia literal traducida al catalán de sendas publicaciones en castellano del Ministerio de Comercio y Turismo".
En el caso también figura imputada Carme Fargas, esposa de Cogul y propietaria de la escuela de idiomas Bewerly, que en cuatro años facturó 21,5 millones de pesetas (129.448 euros) al consorcio. El juez asegura que las empresas beneficiarias carecían de personal, medios o instalaciones para prestar esos servicios, por los que facturaron 163 millones de pesetas. El juez ordena que los 13 acusados depositen esa cantidad como fianza civil y, si no, que se les embarguen.
El destino final del dinero
Entre los acusados figuran también Víctor Manuel Lorenzo Acuña, así como Eugenio Guijarro, que fue socio del diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Entre los imputados también está el militante de este partido Santiago Vallvé, acusado también en el caso Pallerols sobre financiación irregular de UDC. En juez explica que el destino final del dinero del consorcio no pudo averiguarse porque los cheques se cobraron por ventanilla.
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