Iniciativa quiere que los tribunales frenen la prórroga de las concesiones de la ITV
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se propone frenar en los tribunales la prórroga de la concesión de dos oligopolios dependientes del Departamento de Industria, que el Gobierno catalán ha decidido prorrogar ahora pese a que los contratos no vencían hasta 2006. El portavoz parlamentario ecosocialista, Joan Boada, presentó ayer los recursos que el partido presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra de los nuevos contratos de las empresas encargadas de la inspección técnica de vehículos (ITV) y de la inspección y control industrial (EIC).
El consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, firmó en septiembre una resolución por la que ampliaba por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006. El PSC e Iniciativa cargaron contra la decisión argumentando que el Ejecutivo trata de blindar a determinadas empresas ante la eventualidad de una inminente derrota electoral de CiU.
Ahora Iniciativa va más allá y ha anunciado que llevará a los tribunales la prematura renovación de las concesiones. Lo hará, dijo ayer Boada, en el momento en que los nuevos contratos sean publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un portavoz de la consejería señaló ayer a este periódico que el detalle de la resolución no se ha hecho pública todavía porque las empresas afectadas aún están analizando su contenido.
El mismo portavoz del Ejecutivo subrayó que la operación es completamente legal y que la ampliación de los contratos se ha adelantado para proteger el sistema de concesión frente a la legislación liberalizadora impulsada por el PP.
La empresa más beneficiada por la ampliación de las concesiones de ITV y del control industrial es Aguas de Barcelona (Agbar), que controla dos de las tres empresas acreditadas para las ITV (ECA e Iteuve) y una de las dos de control industrial (ECA). Las otras empresas son RVSA para las ITV e ICICT para la inspección industrial.
"Gravísimo"
Boada calificó de "gravísima", "antidemocrática" y "poco transparente" la prórroga de la concesión. "El Gobierno se llena la boca en favor de la libre competencia y ahora, sin ninguna motivación real, alarga situaciones de monopolio y se somete a los intereses de unas pocas empresas", afirmó el diputado de ICV.
A partir de respuestas parlamentarias de 1998, Iniciativa ha hecho una estimación del volumen de negocio de ambos oligopolios: según sus cálculos, las cinco empresas citadas se embolsarán 492 millones de euros hasta 2014 gracias a la ampliación de las concesiones. Iniciativa pretende que los "responsables políticos" de la decisión paguen de su bolsillo una indemnización a las empresas si finalmente los tribunales anulan la prórroga.
