Los planes de pensiones se extenderán a todas las administraciones públicas entre 2004 y 2005

El Ministerio de Administraciones Públicas prevé que, entre 2004 y 2005, se extiendan al conjunto de las comunidades autónomas y ayuntamientos los planes de pensiones colectivos. Eso supondría aplicar a todos los empleados públicos (en total, 2,2 millones de personas) un modelo similar al que se pactó el pasado día 7 para más de 500.000 funcionarios y empleados de la Administración General del Estado, según la información facilitada ayer por el secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar.

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por The Economist sobre el futuro de las pensiones, Gómez-Pomar aseguró que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas están mostrando

un claro interés y demandando información sobre el contenido de ese acuerdo, que compromete pensiones complementarias para las contingencias de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad o enfermedad grave.

La previsión del departamento es sacar a concurso público, a finales de noviembre o principios de diciembre, la elección de las entidades Gestora y Depositaria, que se encargarán de un plan de pensiones que iniciará su andadura en 2004 con un 0,5% de la masa salarial, 54,65 millones de euros. A ese concurso público optarán las entidades financieras especializadas y ante el que, según Gómez-Pomar, "habrá que hacer una cuidada selección".

Problemas para 2020

En el mismo foro, el director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social, José Luis Gómez-Calcerrada, describió el estado de salud del sistema público. Según sus datos, el sistema de pensiones "será un motivo de preocupación" a partir del año 2020 "si se financia como hasta ahora, con legislación constante y si no se emprendiesen las medidas necesarias".

Un escenario que, en su criterio, se intenta evitar con el nuevo Pacto de Toledo, mediante el consenso político, y con un margen de tiempo suficiente, ya que en España las presiones demográficas van a llegar más tarde que en otros países europeos. Gómez- Calcerrada considera indispensable aprovechar todo el crecimiento económico para convertirlo en empleo y afiliación, y asimismo reconoció que, ante una eventual reforma, "algunas medidas requerirán sacrificios, y por eso es necesaria la colaboración de los agentes sociales".

La posibilidad de complementar las pensiones públicas con planes de pensiones colectivos es muy limitada en España. Ése es el criterio expresado por la presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos, quien aseguró que sólo el 0,05% de las empresas españolas dispone de la estructura y el tamaño adecuado (plantilla de más de 500 trabajadores o dinero circulante) para desarrollar planes de pensiones en el ámbito de la empresa, a través de los convenios colectivos. A su juicio, esto se produce porque la legislación actual no fomenta adecuadamente su desarrollo en las pequeñas y medianas empresas.

La presidenta de Unespa criticó el escaso desarrollo de la previsión social, ya que España está "a la cola" de la UE, con 3.000 euros per cápita en ahorro-previsión, frente a los 5.000 euros de media en los Quince. González de Frutos reclamó "un pacto dentro del Pacto de Toledo" para conseguir que la normativa de planes de pensiones y seguros colectivos sea estable y "que no quede al albur de movimientos políticos o de necesidades recaudatorias".