La Constitución, vista desde Andalucía

La Conferencia Intergubernamental iniciada en Roma hace pocos días debe aprobar la futura Constitución europea. Tiene un buen punto de partida, el proyecto elaborado durante el último año por la Convención Europea, integrada por representantes de los gobiernos, parlamentos nacionales, Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

Es el esfuerzo más importante de impulso constitucional desde los tratados de París y de Roma, hace ahora medio siglo. Llega además en un momento especialmente oportuno, porque la ampliación de la Unión Europea a veinticinco países a partir del 1 de mayo del año próximo va a suponer un cambio sustancial en la orientación y en el modo de funcionamiento de la vida de la Unión.

El proyecto de Constitución obliga a una definición más clara de qué hace cada uno, incluidas las regiones

Medir todas sus consecuencias es aún prematuro, pero es evidente que las preocupaciones de la Unión, cuáles son sus objetivos, políticas e instrumentos, y cómo son compartidos entre los Estados que la integran, las regiones y los ciudadanos, van a cambiar sustancialmente. Los retos en el desarrollo interno de la Unión así como sus prioridades geográficas se verán alterados por unos nuevos Estados que van a hacer más diversa la realidad económica y social de la Unión, con niveles de renta per cápita muy inferiores a la media comunitaria actual, y a que tengamos unas fronteras mas allá de las hoy existentes en el centro y el este de Europa.

Por eso, el ejercicio de elaboración de esta futura Constitución Europea, sobre la que está previsto que nos pronunciemos los españoles mediante un referéndum en junio del año próximo, es un ejercicio político de gran relevancia para España y también lo es, por idéntico motivo, para Andalucía.

Déjenme desarrollar mi argumento en base a tres razones.

La primera, porque va a desarrollar un reparto competencial Unión Europea/Estado miembro/Regiones que será diferente del pasado y que constituirá la base del papel que deba desempeñar cada uno de los actores institucionales en este siglo recién iniciado.

La definición de las competencias de la Unión, las exclusivas de ésta, las compartidas con los Estados miembros y las llamadas competencias de apoyo, serán otras tantas categorías de ámbito decisional en que deberá clarificarse en cada caso dónde, cuándo y cómo se fija la posición de España. El proyecto de Constitución obliga, por tanto, a una definición más clara de qué hace cada uno, incluidas por tanto las regiones, y cómo se ejercen las distintas competencias.

La segunda, porque el ejercicio de discusión de la Constitución, que debería entrar en vigor en enero de 2006, es paralelo al otro gran debate de este periodo: las perspectivas financieras, esto es, la financiación de la Unión a partir del año 2007.

Cuánto dinero se dedica al presupuesto de la Unión (medido en porcentaje sobre el PIB comunitario); cómo se reparte entre las distintas rúbricas: agrícola, cohesión y demás políticas, y cómo se financian los distintos objetivos de las políticas de cohesión, entre ellos el llamado objetivo 1 en que se encuentra encuadrada Andalucía, son temas hoy abiertos, en los que no se ha hecho sino iniciar la reflexión interna en la Comisión Europea de cara a los futuros presupuestos y que son importantes para el futuro de Andalucía.

Tercera razón básica, porque las nuevas fronteras de la Unión van a consolidar una realidad estable para las próximas décadas, aunque pueda producirse alguna nueva incorporación a la Unión. El nuevo concepto de política de vecindad de la Unión ampliada, como integración de las relaciones con nuestros socios estables, deberá incluir el diálogo en todos los apartados: desarrollo económico, emigración, vínculos sociales y culturales. Andalucía como frontera exterior de la Unión deberá continuarla y profundizarla con nuestros vecinos más próximos, como son los países del Magreb, y muy en particular Marruecos.

Una agenda que como puede verse está llena de temas de calado, donde nos jugamos mucho y que, según se oriente de uno u otro modo, puede influir decisivamente en el futuro de Andalucía. Una agenda que mueve a la reflexión, al análisis y a la respuesta, si queremos estar preparados para esta nueva Unión Europea que se perfila, tan diferente de aquella en la que ingresamos en 1986.

En estas circunstancias, me parece especialmente oportuna la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía de iniciar un debate concreto sobre la reforma del Estatuto de Andalucía, sus causas y sus implicaciones. Detrás del mismo aparecen bastantes de los temas a los que he hecho referencia y que son nuevos en el cuarto de siglo de nuestra experiencia autonómica.

Esperemos que el debate político sea fructífero, y que la retórica y los debates estériles no ocupen el espacio de las propuestas y de las alternativas concretas. Pero también, y éste es un dato de partida a no olvidar, muchos de los temas apuntados rebasan el ámbito andaluz, lo que hace necesario e inevitable el debate sobre la reforma del Senado para hacer frente, entre otros, a algunos de los temas enunciados.

Si hemos sido capaces de dar el salto que supone la elaboración de una Constitución Europea, cómo no vamos a serlo después de 25 años para adaptar nuestra Constitución que tantos y tan buenos frutos ha dado, para adecuarla a la nueva realidad europea.

No es casualidad que la única reforma de la Constitución Española de 1978 se produjera para reconocer el derecho de participación electoral de los ciudadanos europeos residentes en España.

Ahora, de nuevo, Europa es una buena oportunidad, más que una excusa, para hacer los deberes.

Luis Planas es director del Gabinete del Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.