La guerra civil del gas

Los pobres de un país pobre, Bolivia, se han alzado contra el Gobierno y contra los planes de Repsol YPF de exportar gas a EE UU a través de Chile. El resentimiento contra este país, que arrebató a Bolivia su salida al mar en el siglo XIX, ha sido mayor acicate que la crisis económica para unas protestas que se iniciaron hace un mes y que han producido ya en los enfrentamientos con la policía.

Obreros, campesinos e indígenas de Bolivia, los más pobres del país más pobre de Suramérica, han completado su tercera semana de protestas contra un multimillonario proyecto de exportación de gas natural, uno de los pocos sectores prósperos dentro de una economía en retroceso. Se trata del plan de Repsol YPF y otros socios para embarcar gas hacia EE UU en un puerto de Chile, enemigo histórico de Bolivia porque le quitó la salida al mar en el siglo XIX. Este conflicto refleja la crisis global de un país paupérrimo desde hace centurias.

Bolivia ha perdido el ritmo de crecimiento de los noventa, superior al 4% anual, a partir de 1999. Desde entonces, su PIB ha crecido a tasas tan bajas que deterioraron la renta per cápita. Sólo el año pasado los ingresos por habitante subieron apenas el 0,4% por una expansión de la economía del 2,7%. La fuerte inversión extranjera (654 millones de dólares), sobre todo en hidrocarburos, arrastró al crecimiento, pero se dirigió a sectores de baja utilización de mano de obra. El paro urbano continuó el ascenso de los últimos años y alcanzó en 2002 el 8,7%.

El panorama de 2003 es distinto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticó en agosto, antes de las protestas que han frenado la economía boliviana con huelgas y cortes de carreteras, que la expansión ascendería a menos del 2%, lo que supondría una nueva bajada del PIB per cápita del 0,3%.

En esas cifras no se incluye el retroceso de los dos motores informales de la economía boliviana, el cultivo de coca y el contrabando, que vienen siendo combatidos con éxito en los últimos años. Por lo tanto, CEPAL considera que aquel 2% esconde un "contexto recesivo". Además de la exportación de gas, la de soja y minerales también empujan el ingreso de divisas.

El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que carga con múltiples peticiones de renuncia de la oposición, ya no puede recurrir al incremento del gasto público, como el año pasado hicieron sus antecesores. Enfrenta las restricciones presupuestarias que le impone un déficit fiscal que alcanzaría el 7% del PIB.

La reforma de la Seguridad Social ha sido la principal causa de ese agujero fiscal. La salida de depósitos se repitió en junio de 2002, antes de las elecciones en las que el liberal Sánchez de Lozada batió al líder cocalero Evo Morales, y en febrero pasado, cuando otras protestas sociales evitaron un aumento de impuestos sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los tipos de interés se han elevado, la fuga de capitales ha mermado las reservas internacionales y el consumo cae en picado. Las manifestaciones han perjudicado al turismo y al comercio de artesanías y agrícola.

"Pese a las dificultades políticas y sociales del país, la inflación se mantiene baja y los indicadores señalan que la economía se recupera y el mercado financiero se estabiliza", declaró el lunes la subdirectora gerente del FMI, Anne Kruegger, al aprobar el desembolso de 15 millones de dólares de un programa de asistencia de 123 millones aprobado en abril último por un año. El FMI insistió en que Bolivia, con una deuda externa de 4.300 millones de dólares (más de la mitad del PIB), no cumple con sus metas fiscales y debe recortar gastos de "baja prioridad", reformar el código tributario, expandir la base contributiva y aplicar un plan para regularizar a los deudores de la hacienda pública.