El Síndic pide al Consell que regule los videojuegos violentos y racistas

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha remitido al Consell un informe en que solicita que se regule el uso, acceso y distribución entre menores y jóvenes de los videojuegos con explícitas acciones violentas, connotaciones de tinte racista o ataques a los derechos humanos. La iniciativa del Síndic es la respuesta a una queja presentada por la organización Amnistía Internacional sobre la existencia de videojuegos con contenido claramente atentatorio a los derechos humanos y sobre la necesidad de que las comunidades autónomas legislen y sancionen esta materia.

Tras el informe jurídico, el Síndic propone a las consejerías de Cultura, Bienestar Social y Economía una batería de recomendaciones para regular la materia. Al primer departamento, Bernardo del Rosal solicita que impulse, a través de sus unidades especializadas, estudios generales teóricos y prácticos sobre la influencia de los videojuegos en el público infantil y juvenil y en el medio escolar. El Síndic también plantea la realización de campañas en los centros escolares para promover los valores de respeto a las personas, solidaridad y la paz.

Mientras, a las consejerías de Bienestar Social y Economía, Del Rosal les encarga el desarrollo de la normativa sobre protección al menor y sobre el juego, que establezca sistemas de clasificación y control para los videojuegos. Estos sistemas deberán incluir primordialmente la edad del público entre el cual pueden ser distribuidos y medidas sancionadoras para las posibles vulneraciones de los citados mecanismos.

Por último, el Síndic propone que la futura regulación de este segmento del ocio infantil y juvenil sea consensuada con los diferentes sectores sociales afectados, de acuerdo a las recomendaciones y tratados internacionales en esta materia, y con las organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el colectivo Amnistía Internacional. Bernardo del Rosal pide, además, que se dé traslado de su resolución al Defensor del Pueblo, ya que existen competencias de otras administraciones públicas ajenas a la Generalitat Valenciana.