Los sindicatos denuncian recortes en el mapa escolar

La negociación sobre los criterios que regirá la adscripción de los colegios de primaria a los correspondientes institutos de zona (instrumento clave para planificar la plantilla docente del próximo curso) ha aflorado "recortes imprevistos" sobre las construcciones previstas en el mapa escolar de 1996. CC OO adelantó que Educación hará hoy "oficial" la "supresión del proceso de dos de institutos previstos en Valencia y otro en Alicante, lo que supone unas 1.750 plazas escolares públicas menos". La decisión choca con la ampliación de capital por 72 millones de euros de la empresa pública Ciegsa autorizada por el anterior Consell, y refuerza las críticas sindicales por "la falta de información de las operaciones".

Educación adelantó el viernes a los sindicatos la intención de suprimir dos de los institutos nuevos previstos en el distrito de Jesús-Patraix (una de las zonas de Valencia donde el crecimiento de matrícula ha desbordado este curso la oferta de plazas públicas) y un tercero más en Alicante. La decisión, según CC OO, se llevará a cabo por "el procedimiento administrativo de eliminar del proceso de adscripción estos centros, con lo cual no se les dotará de plantilla docente". En la práctica, sostiene este sindicato, "esto supone dejar fuera de los próximos procesos de licitación de obras escolares estos tres centros, con capacidad inicial para 1.750 puestos escolares, que al no existir se desviarán por inercia hacia la red privada concertada".

Esta decisión choca formalmente con la afirmación lanzada hace unas semanas por el recién estrenado consejero de Educación quien -en franca contradicción con su predecesor Manuel Tarancón- anunció en las Cortes que el mapa escolar estaba "técnicamente acabado". Según las cuentas de González Pons, no sólo no se ha recortado, sino que, subrayó, "se ha visto aumentado en "44 actuaciones más" de las previstas en el documento aprobado en 1996. "Las cifras son las que son", remató González Pons en su comparecencia. "Hemos hecho un total de 445 actuaciones para aplicar la LOGSE, y un esfuerzo económico de 1.600 millones de euros". Y, de manera sorpresiva para los sindicatos y la oposición presentes, el nuevo consejero del Gobierno de Francisco Camps se descolgó con "un nuevo programa cuatrianual de infraestructuras educativas para adaptar la construcción de nuevos centros a las necesidades de la LOCE".

Sin embargo, la cronología y el ritmo de las construcciones escolares (con fuertes desinversiones sobre el presupuesto inicial de ejecución entre 1997 y 1999 cuando el PP emprendió la escalada de conciertos educativos) contradicen las últimas cifras presentadas. De hecho, poco antes de abandonar el cargo, el ex consejero Manuel Tarancón, realizó un balance en el que reconocía el retraso de un 20% de las construcciones debido "a la falta de suelo municipal liberado".

Sin embargo, y pese a la aclaración, el talón de Aquiles de todos los gobiernos del PP ha sido y sigue siendo " la falta de información oficial sobre el ritmo de las adjudicaciones de los colegios gestionada por la empresa pública Ciegsa", denunciada reiteradamente por sindicatos y las APA. Un clima de opacidad que tuvo su clímax en febrero pasado, cuando los cinco sindicatos amenazaron con paralizar las clases (entre otras reivindicaciones de carácter salarial) si la Consejería de Educación no presentaba el balance de construcciones de Ciegsa antes de las elecciones autonómicas del 25-M. La situación forzó a Tarancón a redactar un documento oficial cerrado por el que la Administración se comprometía a "licitar todos los centros previsto en el mapa escolar, con dotación de suelo, antes del 9 de mayo de 2003", que se bloqueó por las tensiones internas en el seno del partido en el Gobierno entre los sectores más conservadores, partidarios de una red privada concertada.

Una pugna irresuelta que ha tenido dos fases desde entonces. Antes del 25-M se saldó con una ampliación de capital de Ciegsa por 72 millones de euros, mediante la emisión de 23.992 nuevas acciones nominativas, firmada el 4 de marzo por el ex vicepresidente y brazo derecho de Zaplana, José Joaquín Ripoll. La segunda consecuencia llegó después de las elecciones, en la primera quincena de septiembre con la renovación del consejo de administración de Ciegsa operada por el nuevo Gobierno de Camps, que supuso la salida del gerente designado por Zaplana, Javier García Lliberós. Y el cierre, al menos momentáneo, de la web oficial de Ciegsa.