El Servicio Andaluz de Empleo abrirá 50 oficinas antes de 2004

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fruto de la transferencia de las políticas activas de empleo, ha comenzado este mes a trabajar con plena autonomía. Antes de final de año, se transformarán unas 50 de las antiguas dependencias del Inem en oficinas propias, según Rafael Herrera, director general del SAE.

El Servicio Andaluz de Empleo se creó en noviembre del año pasado. Sus primeras competencias ejecutivas le llegaron en mayo, pero durante estos meses no ha podido realizar gestiones con dinero propio porque el acuerdo de transferencias llevaba implícito el hecho de que el Inem seguía a cargo del pago de dependencias y personal.

A partir de ahora, cuando la Junta se hace económicamente cargo de los 1.627 empleados y de las algo más de 200 dependencias, el ciudadano podrá notar las diferencias entre el Servicio Andaluz de Empleo y el Inem, según Herrera.

El SAE prevé contar en los dos primeros meses del año próximo con un total de 192 oficinas por toda Andalucía. Las expectativas del SAE, según Herrera, son convertirse en unos intermediarios privilegiados entre los oferentes y los demandantes de empleo. "El SAE no puede sacarse empleos de la manga, no es un creador de empleo, ése es el papel de los empresarios", afirmó Herrera, quien ayer participó en la inauguración de las sextas Jornadas de Empresa y Promoción Económica en Armilla (Granada).

La intención, continuó Herrera, es ser capaces de poner en relación a los que buscan empleo con los que ofrecen un empleo de sus características y, al contrario, encontrar trabajadores que cumplan las necesidades de los empresarios.

El Inem, afirmó el director general del SAE, intermedia en aproximadamente un 7% u 8% de los contratos que se firman en España. Su intención como responsable de este servicio público en Andalucía es conseguir en pocos años duplicar esa cifra y que el 15% de los contratos andaluces sean el resultado de la intermediación de su organismo entre contratantes y contratados.

A pesar del traspaso de las políticas de empleo, la realidad es que las comunidades autónomas tienen poco margen de actuación. Rafael Herrera argumentó con cifras esta afirmación: el SAE cuenta con 800 millones de euros anuales para políticas activas de empleo, pero 500 de esos millones, los dedicados a política básica, tienen un objetivo fijo, sea quien sea el gestor, Inem o SAE. Otros 100 millones proceden de los fondos Feder y permiten algún juego. Sólo el resto, 200 millones de euros (25% del total) puede ser manejado a discreción por los responsables andaluces.

Dentro de lo que no puede tocar está, por el ejemplo, los tipos de contrato. Ángel Gallego, delegado de Empleo de la Junta en Granada, consideró que es urgente una modificación de los contratos de empleo. "La normativa en este ámbito es de los años ochenta; ahora, veinticinco años después, esas leyes son obsoletas y hay que reconvertirla totalmente. Entre otras cosas, parte de la culpa de la gran cantidad de trabajo temporal y no estable que se crea parte de lo anticuado de esta legislación", aseguró Gallego.

A pesar de ello, Rafael Herrera advirtió de que, a finales de noviembre, la Junta pondrá en marcha una serie de normas legales que abarquen todo el campo libre que le queda a la comunidad autónoma.