Una elección promovida por una ley de hace un siglo

La de ayer fue una elección extraordinaria en varios sentidos. Los californianos votaron en noviembre del año pasado (en condiciones normales, todas las elecciones son cada dos o cuatro años en los años pares) y reeligieron entonces a Gray Davis. Treinta días después de su toma de posesión, tres grupos distintos abrieron un proceso de petición de nueva convocatoria, acogiéndose a una disposición de la Constitución californiana, introducida en 1911, que obliga a convocar nuevas elecciones si lo pide por escrito el 12% de los que votaron en los comicios que se quieren anular. El 12% de los 7,7 millones que fueron a las urnas en 2002 exigía 897.158 firmas.

Gracias a la ayuda económica de Darrell Issa, un congresista republicano, la campaña se extendió como el fuego entre un electorado enfadado con los políticos y con el gobernador, a los que se acusa de inacción ante la crisis económica e indiferencia ante los problemas de los ciudadanos: se recogió más de un millón y medio de firmas. Los demócratas confiaron demasiado en la historia (antes había habido 31 intentos y ninguno había salido adelante) y en su maquinaria partidista, pero no tuvieron en cuenta que el 25% de su electorado y casi todos los independientes respaldaban la nueva convocatoria. Previo pago de 3.500 dólares y con el aval de 65 firmas, cualquiera podía presentarse; 135 probaron fortuna, aunque sólo tres -Schwarzenegger, Bustamante y McClintock- tenían posibilidades. De los casi 35 millones de habitantes del Estado, estaba previsto que acudieran a las urnas entre 10 y 11 millones de personas.Aunque 18 Estados incluyen en sus Constituciones la posibilidad de sustituir de este modo a los gobernantes, la medida sólo se ha aplicado una vez, en Dakota del Norte. Los otros 16 son Alaska, Arizona, Colorado, Georgia, Idaho, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Washington y Wisconsin.