El Tribunal de Cuentas exige la reforma de la Ley de Financiación de Partidos

El Tribunal de Cuentas reclama en su informe sobre las finanzas de las formaciones políticas en 2001 "que se inicie a la mayor brevedad y con el máximo consenso posible la reforma de la Ley de Financiación de Partidos". Hace tiempo que los partidos hablan de esta reforma sin alcanzar ningún acuerdo. Los auditores denuncian anomalías que repiten año a año: de los 165 millones de euros que manejaron los partidos en 2001 para su funcionamiento ordinario, más de 40 millones procedían de fuentes (corporaciones municipales y gobiernos autonómicos) no recogidas en la actual normativa.

Estas anomalías no sólo se repiten en los últimos ejercicios, sino que crecen en volumen. Si en 2000 utilizaron indebidamente 34 millones procedentes de los ayuntamientos, en 2001 superaron los 36 millones, a los que hay que hay que sumar casi cuatro del Gobierno vasco para el funcionamiento de los partidos presentes en su Cámara autonómica. El informe destaca que estas aportaciones "desvirtúan el carácter específico dado a la ley, quiebran la unidad normativa, incorporan un inadecuado grado de determinación en la cuantificación pública a percibir por las formaciones políticas y favorecen un tratamiento dispar de las mismas".

En materia de subvenciones anómalas para el funcionamiento ordinario de los partidos, el informe apunta a los Gobiernos vasco y catalán. El Tribunal de Cuentas señala que con la aportación y reparto de 3,6 millones de euros adicionales por parte del Gobierno vasco, algunas formaciones superaron los ingresos que habían obtenido por la vía legal del Estado.

Los auditores públicos censuran también que el Ejecutivo catalán entregara una cantidad similar al Parlamento autonómico, concebida como asignación extraordinaria y por un importe de tres millones de euros, que no estaba "suficientemente fundamentada ni justificada" y que se comprobó que había servido para "gastos de la actividad ordinaria" de los partidos. El Tribunal de Cuentas advierte de que no es recomendable que el Ejecutivo financie al Legislativo en aras a preservar su independencia. Estos ingresos, por otro lado, no son correctamente reflejados en las finanzas, lo que dificulta su fiscalización. "Se ha observado que las formaciones políticas, con carácter general, no contabilizan la totalidad de las aportaciones recibidas", señala la auditoría.

El cuadro de deficiencias destacadas por el Tribunal de Cuenta en sus conclusiones cita los siguientes aspectos:

A modo general, el informe denuncia que las cuentas anuales de los partidos, "no presentan en toda su amplitud la actividad económico-financiera de la organización local ni de los grupos políticos en las corporaciones locales, carencia que adquiere una especial relevancia por lo que se refiere a las cuotas de los afiliados recaudadas en dicho ámbito y a la actividad desarrollada en los municipios con una importante población". Y existe una segunda queja en este capítulo de opacidad: "En la mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Europeo, no figura incluida la contabilidad de la representación parlamentaria correspondiente. Estas omisiones quebrantan la concepción del partido político como una única realidad económico-financiera en la que se ha de integrar toda su organización territorial".

El informe también alerta sobre la insuficiente regulación del marco normativo básico de la actividad de los partidos en relación con sus fundaciones. En este capítulo se produce un caos contable al cruzarse créditos o subvenciones para su funcionamiento, más la adquisición de inmuebles por la fundación que acaba cediendo al partido.

En materia de donativos privados, el Tribunal apunta irregularidades en dos formaciones: PNV y PP. La primera no ha utilizado una cuenta específica para encauzar sus donativos (800.000 euros), y la segunda carece de la aprobación del órgano social competente en lo referido a las aportaciones de cinco personas jurídicas por 50.000 euros.