Los jueces ordenaron en 2002 más de 6.000 ingresos psiquiátricos

Los dos juzgados que hay en Madrid de incapacidades y tutelas -el 30 y el 65 de Primera Instancia- ordenaron el año pasado más de 6.000 ingresos de personas en psiquiátricos de la Comunidad. La estadística indica que a finales de este año es previsible que la cifra sea aún superior a la de 2002, según fuentes jurídicas. Es tal la carga de trabajo que soportan en la actualidad ambos juzgados, situados en la calle de María de Molina, que muchos enfermos mentales están entrando en centros psiquiátricos sin que, como es preceptivo, el juez haya autorizado antes su ingreso.

En el último ejercicio se designaron más de 1.000 tutores para velar por los incapacitados

"Se está incumpliendo la ley claramente sin que los jueces puedan remediarlo, puesto que hay personas a las que se priva de libertad incumpliendo el requisito legal de que exista una autorización judicial previa", explican fuentes jurídicas.

Hace dos años los jueces especializados ordenaron 5.000 ingresos en centros psiquiátricos y en 1999 se registraron en torno a 4.000. Cabe la posibilidad de que un mismo enfermo ingrese varias veces a lo largo del año, pero cada vez que es hospitalizado el juez debe autorizarlo. "Se trata de personas que periódicamente sufren cuadros maníacos esporádicos que requieren asistencia médica urgente y, en no pocos casos, prolongada", afirman fuentes jurídicas.

El aumento de la carga de trabajo de estos órganos judiciales se debe a una mayor incidencia de patologías como las anorexias en adolescentes y el Alzheimer en personas mayores. "La anorexia infantil está aumentando mucho y, además, aquí, en Madrid, se tratan muchos de los casos que surgen a nivel nacional, pues hay un área especializada en esta afección en el hospital del Niño Jesús", explican fuentes jurídicas.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, explicó ayer que es precisa la creación de al menos otro juzgados de incapacitaciones y tutelas "dado el fuerte incremento de la carga de trabajo que soportan los dos actuales".

González Armengol matiza que los asuntos que llegan a estos órganos son "especialmente complejos" y requieren una atención especial. Incapacitada una persona, corresponde al juez velar por su patrimonio y nombrar a un tutor que lo administre y dé cuentas al juzgado.

El juez decano de Madrid asegura que, mientras se decide si se crea o no un nuevo juzgado de este tipo, hay que reforzar los dos actuales con un juzgado bis, al frente del cual puede situarse un juez sustituto, uno en comisión de servicio o bien uno de la escuela judicial con expectativas de destino.

La gran carga de trabajo que soportan los dos juzgados actuales está imposibilitando a sus titulares el poder cumplir la ley que obliga a la previa autorización judicial. Cuando una persona pierde la capacidad de autogobernarse, los familiares o los servicios de urgencia pueden llevarlo directamente a un centro psiquiátrico.

No obstante, el médico que atienda al enfermo está obligado a comunicar al juez la hospitalización en un plazo de 24 horas, y el juez tiene que autorizarla en las siguientes 72 horas, tras visitar al paciente. De lo contrario, y con la ley en la mano, ese enfermo estaría siendo privado de libertad sin la preceptiva orden judicial.

Ahora, en Madrid hay muchos pacientes ingresados en centros psiquiátricos de forma ilegal, ya que los jueces están tardando una media de entre 10 y 15 días en ir a los hospitales, ver a los pacientes, y, en su caso, validar los internamientos.

La labor de los juzgados de incapacitaciones no se ciñe sólo a visitar a los enfermos en los psiquiátricos, cuando son requeridos para ello por los médicos. También, y a requerimiento de los servicios sociales, de vecinos o de familiares, se desplazan a domicilios particulares, acompañados de forenses, para dictaminar si una persona debe ser o no hospitalizada contra su voluntad y decidir si está o no en condiciones de regir sus bienes.

Si el juez, tras visitar a un enfermo, decide incapacitarle, el siguiente paso es nombrarle un tutor que gestione su patrimonio.

"Cada vez son más los casos de personas que son incapacitadas y que tienen grandes fortunas para ser administradas", señalan las citadas fuentes.

El año pasado, ambos juzgados, aparte de ordenar más de 6.000 ingresos de personas en centros asistenciales, designaron más de 1.000 tutores para administrar bienes ajenos de otras tantas personas que fueron incapacitadas porque no podían valerse por sí mismas y habían perdido la capacidad para administrar sus bienes.

"Hay tutores que acuden al juzgado y demandan hacer inversiones en determinados valores con el patrimonio de los incapaces; los jueces no son expertos en economía y alguna veces se ven abocados a tomar decisiones sobre materias que ignoran", señalan fuentes jurídicas.

Pero también se da el caso opuesto; es decir, personas incapaces de autogobernarse y que no tienen medios económicos. O que, teniéndolos, no los usan para subsistir pese a que viven en la más absoluta precariedad.