Un tribunal cierra la vía civil para actuar contra Boliden por el vertido

Un tribunal de la Audiencia de Sevilla ha cerrado definitivamente la vía civil para que la Junta pueda reclamar a la multinacional sueca Boliden los daños causados por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, ocurrido en abril 1998. El Gobierno andaluz reclama a la empresa los 90 millones de euros que le costó la limpieza de la zona afectada por el vertido. Tras el cierre de la vía penal, hace dos años, y de la civil, ahora, la Junta tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para actuar contra la empresa. El martes, el fiscal consideró que la vía civil era la idónea para reclamar el pago.

La Sección Sexta de la Audiencia, en un auto notificado ayer, dice que la condición necesaria "para que Boliden sea considerada deudora" de la Junta es que la empresa "sea responsable de los daños ambientales producidos por la rotura de la balsa minera", por lo que "no es la jurisdicción civil la competente para enjuiciar si se han producido esos daños ambientales", sino la contencioso-administrativa, informa Efe.

Además, el auto destaca la posibilidad de que "los pretendidos daños ambientales podrían haber sido ocasionados por personas diferentes a las empresas Boliden", con lo que la Audiencia acoge el argumento de la multinacional sueca, que en la vista del recurso culpó a la empresa Geocisa, constructora de la balsas, de lo que su abogado definió como "defectos demostrados en su diseño y construcción".

La Audiencia confirma así la decisión del juzgado de primera instancia 11 de Sevilla, que rechazo la demanda civil de la Junta contra Boliden, a la que reclamó los 90 millones de euros que costó limpiar el vertido tóxico de 1998, e invitó a la Junta a reclamar a Boliden en el seno de la relación contractual que las unía.

Reintegrar las cantidades

El tribunal de la Audiencia sevillana apoya la interpretación del juez y dice que el derecho de la Junta a reclamar esa cantidad "exige que las empresas Boliden sean consideradas como deudoras o personas obligadas a reintegrar las cantidades pagadas por la Junta", lo que deben dilucidar los tribunales de lo contencioso.

El auto confirma también la interpretación del juez de que las relaciones de la Junta con Boliden son un tipo especial de contrato al ser las minas un bien público sujeto a concesión administrativa, y por lo tanto con una parte de responsabilidad de la Administración pública, en este caso, autonómica.

Tras el archivo de la vía penal en 2001, la decisión de la Audiencia de cerrar también la vía civil supondrá más dificultades para cobrar la limpieza a Boliden, ya que las sanciones administrativas no son ejecutables fuera de España, dijeron fuentes del caso.

En la vista celebrada el pasado día 30, el fiscal apoyó la reapertura de la vía civil y dijo que archivo decretado por el juez "vulneró el derecho de la Junta a la tutela judicial".

El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció ayer mismo que el Gobierno andaluz va a acudir a la vía contencioso-administrativa. "El auto no entra en el fondo, simplemente se queda en una cuestión de forma a la hora de establecer cuál es la jurisdicción competente", dijo Zarrías, quien añadió que la Junta va a seguir litigando porque está segura de que al final "la razón" estará de su parte.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción de Sevilla, Francisco Gabriel Vilches, preguntó ayer "a quién cobrará la Junta de Andalucía cuando la vía contencioso-administrativa resuelva dentro de tres o cinco años", informa Europa Press.

Vilches comentó que cuando se resuelva la vía contencioso-administrativa "habrá que ver dónde está Boliden y si existe la posibilidad de cobrarle". Añadió también que los ecologistas van a seguir "exigiendo la reapertura de la vía penal, pues es la única que puede garantizar responsabilidades en este caso".Vilches afirmó que que a la Administración andaluza "no le interesa" reabrir la vía penal ya que "supondría sentar en el banquillo a representantes públicos, como los ex consejeros de Industria y Medio Ambiente Guillermo Gutiérrez y José Luis Blanco, respectivamente, así como al actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Vizcaíno".