Obras Públicas sanciona a un funcionario que denunció a cuatro altos cargos
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha sancionado con nueve años de suspensión de empleo y sueldo al funcionario de la Secretaría General de Aguas Carlos Fernández. Éste presentó el pasado marzo, como delegado de la Asociación Sindical de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Funcionarios de las Administraciones Públicas (Asicad), una denuncia contra cuatro altos cargos de la Consejería por supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y contra la integridad moral y derechos de los trabajadores.
Fernández ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada el pasado 8 de julio por el viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Luis García Garrido, que resuelve imponerle la sanción de nueve años de suspensión de funciones por la comisión 21 faltas graves y cinco muy graves.
El recurso argumenta que el expediente sancionador debe calificarse como "nulo por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad sindical" y por constituir una "represalia" ante el ejercicio por el recurrente de las acciones derivadas de su relación funcionarial, por un lado, y de las acciones propias de la actividad sindical como representante de Asicad.
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