El fiscal también pide reabrir la vía civil para actuar contra Boliden

La Fiscalía de Sevilla apoyó ayer la posición de la Junta de Andalucía, a favor de la reapertura de la vía civil para reclamar a la empresa sueca Boliden los 90 millones de euros que costó limpiar el vertido tóxico de 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla). En una vista celebrada en la Audiencia de Sevilla, el teniente fiscal Miguel Ruz argumentó que el archivo de la vía civil decretado por el Juzgado de Primera Instancia 11 ha causado a la Junta una "vulneración de su derecho a la tutela judicial".

Suponer que la Junta debe reclamar a Boliden en el seno del contrato que las unía, para posteriormente pasar a la vía contencioso-administrativa por parte de la empresa sueca, es "una interpretación absurda prohibida por la ley", dijo el fiscal.

En su intervención, la Junta defendió su derecho a reclamar en los tribunales civiles tras haber soportado "unos gastos que, según la ley, debería haber asumido otro".

El abogado de Boliden apoyó la vía contenciosa, en la que, además, aseguró que debe reclamarse a la empresa que construyó la balsa de residuos por los "defectos demostrados en su diseño y construcción".

Tras el archivo definitivo de la vía penal en 2000 por el vertido tóxico, la Audiencia debe decidir ahora si confirma el cierre de la vía civil o la reabre.