Reformas a cambio del crédito del FMI

En menos de 72 horas, Argentina presentó a principios de la semana pasada un acuerdo con el FMI y un plan para recomenzar a pagar su deuda que dejaron helado a más de un observador. El pacto con el fondo y el espaldarazo de su director gerente, Horst Khöler, al presidente Néstor Kirchner sorprendió después de que durante meses el país suramericano y el organismo multilateral vivieran en constante desacuerdo y hubiera más de un momento de crispación.

"Argentina logró un muy buen pacto con el FMI", comentó un alto cargo del Gobierno español presente en Cancún con motivo de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Unos días después, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Rafael Bielsa, aprovechaba también su paso por esa ciudad para explicar los pormenores del acuerdo.

Apenas una semana después, el FMI aprovechaba su cumbre de Dubai para ratificar el pacto, que es por un plazo de tres años, que está valorado en 12.500 millones de dólares y que compromete a este país a emprender reformas fiscales y bancarias. El programa permitirá a Argentina refinanciar su deuda con las instituciones multilaterales por valor de 21.610 millones de dólares y se apoya sobre tres patas básicas: un marco fiscal a medio plazo, medidas para reformar el sistema bancario y un plan de reestructuración de la deuda con los acreedores privados por 94.300 millones de dólares.

Contraprestaciones

A cambio, el acuerdo obliga a Argentina a alcanzar un superávit fiscal primario del 3% en el primer año, aunque las metas fiscales para los años 2005 y 2006 quedan abiertas a la espera de que el país llegue a un acuerdo con los acreedores privados. El acuerdo se ha hecho sobre la base de que la economía argentina crecerá el 5,5% este año y el 4% en 2004.

Además, el Ejecutivo argentino se comprometió a presentar al Congreso en 2004 propuestas para la reforma fiscal y de las relaciones entre el Gobierno central y las provincias, con la idea de que entren en vigor a tiempo para el presupuesto de 2005. Por otra parte, la política monetaria seguirá encaminada a mantener la inflación en un nivel de un dígito en 2004, aunque el Gobierno deberá estudiar reformas para aumentar la autonomía del banco central.

Por último, acerca de las empresas de servicios públicos -cuya exigencia de una subida de tarifas se convirtió en uno de los mayores puntos de fricción a la hora de negociar el acuerdo-, el Gobierno de Kirchner pretende que el Congreso apruebe nuevas leyes que permitan "renegociar las concesiones públicas y efectuar subidas de tarifas provisionales".

El acuerdo con el FMI y la reestructuración de la deuda abre la puerta a Argentina para regresar al circuito financiero internacional tras su suspensión de pagos a final de 2001, pero es el restablecimiento de los pagos de deuda lo que realmente reivindicará al país a los ojos del inversor extranjero.

Lo que propone Argentina es pagar 25 centavos por cada dólar que debe y hacerlo a través de una emisión de bonos (hay tres tipos entre los que el acreedor podrá optar). Los nuevos bonos podrán estar indexados al crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Argentina, de forma que, a mayor crecimiento, mayor interés variable, y tendrán un tipo de interés fijo más bajo. Los tenedores podrán optar por bonos en dólares, euros y pesos indexados, no importa cuál fuese la denominación de su bono original. Actualmente, hay 156 tipos diferentes de bonos de deuda argentina, emitidos en 14 monedas y por hasta ocho jurisdicciones judiciales diferentes.

El plan de Lavagna no sólo contempla una quita del 75% (al menos en el papel, ya que luego de las negociaciones con cada acreedor el porcentaje se reduce bastante), sino que también busca simplificar la maraña de títulos que rondan por ahí. No toda la deuda va a quedar reducida en tres bonos, puesto que los bonos del Estado (Bocem) y los consolidados o garantizados (Bocom) no entran dentro de la reestructuración. BBVA y SCH, con grandes intereses en Argentina, son mayormente tenedores de esos bonos que se ven afectados por el plan de Lavagna.

Los bonos del Estado suman 22.580 millones de dólares y los garantizados. otros 25.758 millones (entre nacionales y provinciales), y representan más de la mitad de la deuda que el Estado argentino nunca ha dejado de pagar, es decir, el 47,3% de un total que asciende a 178.795 millones. De la deuda cuyos pagos fueron suspendidos (el otro 52,7% del total), los bancos comerciales apenas tienen un 1%, unos 1.724 millones, ya que el grueso está en manos de pequeños y medianos inversores.

Los bancos españoles, al igual que muchos extranjeros en Argentina, se avinieron a reestructurar una deuda emitida a partir de la entrada del Gobierno del ex presidente Duhalde y el actual ministro Lavagna en 2002. Por ello, el actual Gobierno habla de deuda anterior y posterior a diciembre de 2001, fecha de la precipitada salida del Gobierno de Fernando de la Rúa y del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

A pesar de que cuando arrancó el Gobierno de Duhalde, Argentina confirmó la suspensión de pagos de deuda anunciada a grito pelado por Adolfo Rodríguez Saá durante su breve paso por la presidencia en diciembre de 2001. Sin embargo, el Ejecutivo no podía dejar a los bancos privados argentinos con unos bonos de deuda inservibles y aguantando la pesificación económica. Un país necesita un sistema financiero para funcionar y éste se hubiese colapsado si Argentina no reestructuraba al menos su deuda con los bancos privados.

El Gobierno de Kirchner espera llegar a un acuerdo con los acreedores para mediados de 2004 y poner fin así a la mayor suspensión de pagos de la historia. Una situación en la que se desembocó tras al menos tres decenios de mala gestión económica y corrupción, que se acentuó en los 10 años de Gobierno de Menem (1989-1999) y que estalló en 2001, en el segundo año de la presidencia de De la Rúa, cuando los despropósitos se sucedieron casi ininterrumpidamente desde el 20 de marzo en que vuelve a la cartera de Economía Domingo Cavallo.

El flamante ministro, el padre de la convertibilidad (la paridad uno a uno del peso con el dólar), presenta su plan de reactivación económica, que incluye un impuesto a las transacciones financieras y promete crecimiento. Dos días después de su llegada, el riesgo a que el país suspendiera pagos supera la barrera de los mil puntos básicos y a fin de mes las agencias calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody's bajan nota de bonos argentinos.

El Congreso otorga superpoderes a Cavallo y la debacle se acelera. A finales de mayo, el Gobierno ofrece a los inversores canjear sus bonos por nuevos con vencimiento en 2008, 2018 y 2031. A principios de junio, Argentina anuncia que rescató bonos por 29.477 millones de dólares y a cambio emite pagarés, y en julio Cavallo anuncia que llevará a cero el déficit público mediante recortes en el gasto y logra que el FMI amplíe en 8.000 millones la línea de crédito.

Para octubre, el descontento era tal que la oposición peronista arrasa en las elecciones legislativas en las que se renueva la totalidad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. A mediados de ese mes, Standard & Poor's y Moody's advierten de que podrían calificar a Argentina en situación de suspensión de pagos técnica si los tenedores de bonos pierden dinero en la reestructuración de deuda planeada. El 30 de octubre, De la Rúa dice que la participación en la reestructuración de la deuda será voluntaria. El riesgo país llega a 2.121 puntos básicos.

El 'corralito'

La operación de reestructuración de la deuda pública comienza por un canje de bonos domésticos que luego se extiende a títulos internacionales y que, en vez de ser un éxito, eleva el riesgo del país a más de 2.500 puntos básicos. El FMI da la espalda al plan de reestructuración. A final de noviembre el riesgo país llega a un récord de 3.490 puntos en medio de una fuerte pérdida de depósitos y versiones de una inminente dolarización o confiscación de depósitos. El 30 de noviembre se produce una estampida de ahorradores que produce una reducción en los depósitos de más de mil millones de pesos/dólares y se decreta el famoso corralito, que restringe el acceso a los depósitos bancarios.

En diciembre, el FMI anuncia que no liberó un desembolso pactado con Argentina de 1.264 millones de dólares y la decisión deja al país al borde de una suspensión de pagos que, aunque logró capear hasta mediados de diciembre, se produjo finalmente a finales de mes, después de que los saqueos, primero, las manifestaciones violentas, después y, finalmente, los cacerolazos forzaran la dimisión de Cavallo y De la Rúa.