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Unió Democràtica expedienta a cuatro ex dirigentes de Girona

Duran alerta a la escuela privada de la victoria de la izquierda

El sector crítico de Unió Democràtica en Girona salió ayer trasquilado del Consejo Nacional después de tres horas de debate. El máximo órgano entre congreso y congreso decidió dar vía libre a la apertura de expedientes a Antoni Guinó, Francesc Hortal, Montserrat Vinyes y Josep Alayrac, dirigentes de UDC en las comarcas de Girona, donde se libra una batalla que ha llevado a Unió a ceder el segundo puesto de las listas a las autonómicas a Convergència Democràtica (CDC).

Primero se reunió la ejecutiva y después el Consejo Nacional. El resultado fue la apertura de expediente a los cuatro críticos de Girona a los que se unió un quinto militante del Vallès. Y eso a pesar de los consejos amicales que Convergència hizo llegar a Unió: las autonómicas están cerca y no es el mejor momento para que haya víctimas del fuego amigo en la federación. Pero de nada sirvió. La cúpula de Unió se pronunció ayer a favor de la apertura de expedientes a través de sus máximos dirigentes: Josep Antoni Duran Lleida, Jordi Casas y Marta Llorens. Joan Rigol, presidente del Parlament, quiso templar gaitas y posponer la medida. Enric Millo, cabeza visible del sector crítico gerundense, intervino contra las sanciones. Pero el Consejo Nacional cerró filas en torno a la dirección, tal como se desprende de las votaciones, que en todos los casos -se votaron por separado- superaron los 180 votos a favor, frente a una veintena en contra y otras tantas abstenciones.

El veredicto estaba claro, pero la crisis está lejos de resolverse. Todo se originó cuando el pasado verano la dirección democristiana quiso apear de la dirección del partido en Girona a Enric Millo y sustituirlo por Elena Ribera. Tras un prolífico debate sobre los pros y contras de la democracia interna en el partido, que tuvo extensiones en la prensa, se llegó a una apretada votación en la que Ribera venció por 38 votos. La situación precaria de Unió en Girona hizo que la formación democristiana se viera obligada a ceder el segundo puesto en las listas de CiU a sus colegas de federación: los convergentes y, en concreto, a la consejera de Bienestar y Familia, Irene Rigau.

En cualquier caso, la resolución del expediente abierto no llegará hasta pasadas las elecciones, pero en el partido algunos se preguntan con qué entusiasmo van a tomarse la campaña electoral los dirigentes sancionables.

Al margen del conflicto interno, la dirección de UDC quiso lanzar ayer su mensaje electoral y advertir a los colegios privados concertados del "peligro" que entraña un gobierno de la izquierda plural. El líder de UDC, Josep Antoni Duran, dijo que CiU podía garantizar "el sistema mixto educativo en Cataluña".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de septiembre de 2003