Todos los grupos, salvo el PP, critican a Michavila por vincular el error judicial de Málaga con la Junta

"Ataque a la dignidad de los andaluces", "declaraciones lamentables e inadmisibles", "maltrato a Andalucía", "declaraciones de fascistas reconvertidos". Estas palabras salieron ayer de la boca de los portavoces de IU, grupo mixto, andalucista y socialista dirigidas contra el ministro de Justicia, José María Michavila, en una rueda de prensa conjunta. Éste el día anterior en el Congreso dijo que "no era casualidad" que los crímenes de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes hubieran ocurrido en Andalucía. Estos cuatro grupos exigen una rectificación del ministro, de lo contrario pedirán su dimisión.

De nuevo un miembro del Gobierno de la nación ha metido en un serio apuro político al PP andaluz, cuyo portavoz, Antonio Sanz, facilitó ayer una interpretación muy personal de lo dicho por Michavila en el Congreso el miércoles. El titular de Justicia fue interpelado por el portavoz socialista, Jesús Caldera, sobre el deterioro de este servicio público. Caldera sacó a colación el "fallo generalizado del aparato de seguridad y del judicial" en los crímenes de las jóvenes malagueñas y en su réplica Michavila aseguró: "Y quizás no sea casualidad que el problema que usted ha señalado se produzca allí, donde la Junta de Andalucía tiene en materia de justicia las mismas competencias que tiene el Ministerio de Justicia".

Estas palabras provocaron un hondo malestar en todos los grupos políticos andaluces y en el presidente andaluz, Manuel Chaves. Éste aprovechó ayer una pregunta de la presidenta del PP, Teófila Martínez, en el Parlamento para acusar a Michavila de actuar "cobardemente" y pidió al PP andaluz que "ponga pie en pared" frente al Chaves dijo que los andaluces tienen derecho a ser tratados con respeto y, en tono de advertencia, comentó: "Puede llegar un momento que, ante este cúmulo de ataques, los andaluces empiecen a preguntarse para qué sirve el Gobierno de España".

Horas después, el PSOE logró que el resto de los grupos de la Cámara firmasen un escrito en el que expresan su "total rechazo" a las declaraciones del ministro al considerarlas una "ofensa al pueblo andaluz". El tono contundente, pero comedido, de la nota se debe a que los grupos pretendían que se leyera como una declaración institucional, pero al no obtener el apoyo del PP esa fórmula no fue posible

La moderación de estas palabras dio paso luego a otras mucho más gruesas, encadenadas en una conferencia conjunta por cada uno de los portavoces parlamentarios, un hecho muy inusual. "Andalucía ha recibido una bofetada no de un legionario de Cristo

[un grupo religioso con el que se relaciona a Michavila], sino de un legionario de Millán Astray", aseguró el socialista José Caballos, para quien el responsable de Justicia ha utilizado "de manera abyecta unos crímenes para eludir su responsabilidad".Para Caballos no se trata de un hecho aislado y denota lo que en el fondo piensa la derecha de Andalucía: "Les sale el pelo de la dehesa. Esto es lo que les sale cuando le aprietan las clavijas a los fascistas reconvertidos". A los populares andaluces los describió como unos "mequetrefes".

El portavoz de IU, Antonio Romero, consideró las declaraciones como un "insulto grave contra la dignidad de los andaluces" y pidió que se declarara a Michavila persona no grata, mientras que el andalucista José Calvo sostuvo que es un "ataque contra un pueblo entero" y el diputado del grupo mixto, Ricardo Chamorro, las calificó de "lamentables e inadmisibles".

Los portavoces de los grupos visualizaron una vez más el aislamiento en el que vive el PP en el Parlamento andaluz y están dispuestos a repetir su protesta si el ministro no rectifica. En caso contrario, pedirán mediante una proposición no de ley su dimisión.

Una vez más también fue el portavoz del PP, Antonio Sanz, el que salió en defensa del Gobierno y de Michavila. La interpretación de Sanz es que se "han manipulado de manera intolerable" las afirmaciones de Michavila y que una "simple" valoración sobre la "falta de medios de la Administración de Justicia" de la Junta, a la que dio pie el comentario de Caldera, se ha transformado en un ataque a Andalucía. Sanz elogió que el Gobierno "no hubiera ocultado" la información que Interpol le transmitió en 1998 acerca de Tony Alexander King, el asesino confeso de Rocío y Sonia. Esta información había sido publicada por la prensa británica.

Mientras, el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, rechazó "la capitalización política" de los crímenes de las dos jóvenes.