Enfrentamiento entre PSOE y PP en la recta final del Pacto de Toledo

La renovación del Pacto de Toledo salvó ayer una seria dificultad cuando se encuentra en la recta final. Los dirigentes del PP acusaron al PSOE de querer romper el diálogo y de exigir la inclusión de un añadido al texto en forma de ultimátum. A su vez los socialistas respondieron que tal acusación es "mentira". Pese a ese rifirrafe, los negociadores mantuvieron una nueva reunión para perfilar detalles del documento que la comisión parlamentaria aprobará el próximo día 30 y que previsiblemente se debatirá el 2 de octubre en el Pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos.

El enfrentamiento ha surgido cuando los grupos políticos discuten la introducción de enmiendas al texto que quedó prácticamente ultimado el pasado día 10, y en concreto por la propuesta del diputado del PSOE José Antonio Griñán para que en el preámbulo se añada que "desde 1978 la Seguridad Social ha contado con ingresos por cotizaciones superiores a los gastos contributivos". Es decir, que los socialistas no dejaron en quiebra el sistema como han afirmado algunos responsables del PP.

Ese añadido, a juicio del negociador del Partido Popular Tomás Burgos, es "innegociable" cuando el texto está ya cerrado y ayer lo calificó como un "ultimátum" del PSOE. Paralelamente Mariano Rajoy, secretario general del PP, afirmaba ayer en Sevilla: "Ahora nos dicen que [los socialistas] no quieren firmar la renovación del Pacto de Toledo". Esas acusaciones provocaron una comparecencia ante la prensa de Griñán quien aseguró que se trata de una "intoxicación" y acusó a Rajoy de "mentir" y de "irresponsable".

El diputado socialista negó que hubiese planteado ningún ultimátum y recordó al líder del PP que "fue un gobierno del PSOE quien promovió el Pacto de Toledo en 1995 y el PSOE va a seguir defendiéndolo". En cuanto al añadido al preámbulo, si no es aceptado por los otros grupos irá como voto particular como otras demandas de los distintos grupos que no han sido incluidas en el texto final.

El Pleno del Congreso, por otra parte, aprobó ayer una moción de CiU pactada con el PP para impulsar medidas que frenen las prejubilaciones. La más importante es que se proceda en el marco del diálogo social a establecer bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para trabajadores entre 55 y 60 años de edad, que tengan una antigüedad mínima de cinco años en la empresa.

También se propone un sistema específico de prejubilaciones para las pequeñas y medianas empresas, con mecanismos de financiación que salvaguarden el equilibrio del sistema público, y programas específicos de formación continua para los trabajadores de mayor edad. El portavoz de CiU Carles Campuzano cree que esas medidas pueden contener las prejubilaciones que "constituyen un despilfarro de recursos económicos y humanos".