Telefónica reclama compensaciones por los 1.576 millones del servicio universal

Telefónica no está dispuesta a sufragar en solitario el coste del servicio universal, que le obliga a garantizar el teléfono a todos los ciudadanos, independientemente de donde residan. Estima que desde el inicio de la liberalización en 1998 esa obligación le ha costado 1.576 millones de euros y reclama al Gobierno que apruebe el fondo de compensación previsto por ley y se reparta el coste entre todos los operadores, como dice la ley, o sea asumido por el Estado. La compañía planteará una queja ante Bruselas contra el Ejecutivo. El consejo de Telefónica aprobará hoy el reparto del 30% de Antena 3 TV entre sus accionistas.

La compañía que preside César Alierta considera como una injusticia flagrante cargar con el coste del servicio universal, es decir, la obligación de proporcionar el teléfono con la misma calidad y precio a todos los usuarios, independientemente de su localización. Por esa obligación, heredada de los tiempos del monopolio, Telefónica tiene que llevar las líneas a zonas sin rendimiento económico, bonificar la cuota de abono (abono social) para 500.000 jubilados o disponer cabinas en lugares no rentables.

Las últimas cifras han desatado la alarma en la compañía, que el pasado 31 de julio comunicó a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) que el pasado año esta obligación le supuso un desembolso de 224 millones de euros. La CMT debe examinar esas cuentas, proponer una cifra definitiva y, en su caso, decidir si debe proceder a la compensación.

Pero Telefónica no quiere que le vuelva a pasar lo que en los dos ejercicios anteriores, en los que la CMT reconoció con ligeras diferencias ese coste, pero decidió que no había lugar a compensaciones "porque no suponía una desventaja competitiva para la compañía". Por eso, va a pasar a la ofensiva y ha instado al Gobierno a que de una vez por todas cumpla con la obligación legal de repartir ese coste entre todos los operadores mediante la creación de un fondo, en el que cada uno participe según su cuota de mercado o, en su defecto, sea asumido por las distintas administraciones, como sucede con otras ayudas sociales.

Telefónica demanda al Ministerio de Ciencia y Tecnología que se incluya esa medida en el reglamento del servicio universal que debe desarrollar la nueva Ley General de Telecomunicaciones, según fuentes de la compañía.

No obstante, ya han planteado consultas a las autoridades comunitarias sobre el asunto y estudian la presentación de una queja contra el Ejecutivo español ante Bruselas. La operadora, aunque no confía en que se le compense por los más de 1.500 millones que le ha costado ese servicio desde el inicio de la liberalización, está dispuesta a plantear la batalla jurídica en todos los frentes para no seguir costeando esa obligación.

Consejo de administración

Por otra parte, Telefónica celebra hoy la reunión de su consejo en el que el asunto más importante será la aprobación del reparto de entre el 25% y el 30% del capital de Antena 3 TV como dividendo en especie a los más de 1,6 millones de accionistas de la operadora. Según fuentes cercanas a la operación, Telefónica va a optar por repartir el máximo del 30% previsto a que le autorizó la junta general de accionistas, una vez que se ha ha decidido suspender la operación pública de venta (OPV) para la colocación en Bolsa.

En su lugar, la operadora elegirá el procedimiento de listing (listado), en los que no existe una colocación pública de los títulos, y son los accionistas que tienen asignados los valores los que optan o no por colocar sus títulos en el mercado. La oferta y la demanda sobre las acciones determinará el precio, una vez que se ha establecido un valor de las acciones en la asignación.

En principio, cada accionista de Telefónica recibirá alrededor de 300 títulos de la cadena en la última semana de octubre. No obstante, todavía no es definitiva la valoración de la televisión, debido a que las grandes pérdidas que ha sufrido en el primer semestre, de más de 100 millones de euros, el triple delos números rojos de todo el año anterior, podría provocar una valoración a la baja sobre los 1.450 millones de euros que se tenían como referencia según el precio acordado por la venta del 25,1% al grupo Planeta. Tras este reparto, Telefónica mantendrá un 4,2%.

En el orden del día del consejo no figura ningún cambio en el máximo órgano de administración, aunque, al tratarse de la primera reunión tras las vacaciones, se han disparado las especulaciones sobre cambios no sólo en el consejo, sino en el máximo organigrama directivo. En principio, y según fuentes de la compañía, no habrá tales cambios.

La operadora puede optar por una nueva reordenación de su división de medios, precisamente tras la venta de Antena 3 y Onda Cero, que estaban encuadrados en Admira.