Valencia subirá un 1,4% el recibo del agua para cubrir inversiones

El recibo del agua de Valencia vuelve a subir. La comisión de Hacienda aprobó ayer con los votos del PP el plan de inversiones de Emivasa, la empresa mixta del Ayuntamiento y Aguas de Valencia, que prevé ampliar la capacidad de las plantas potabilizadoras, nuevas conducciones y la renovación y ampliación de las redes de distribución. El pasado julio se aprobó una subida del 2,9% sobre la tarifa del consumo, y ahora se prepara un aumento único de la tasa de inversiones que supondrá un incremento global de la factura del 1,48%. La tasa de inversiones para un recibo bimestral medio pasará de 0,77 a 1,17 euros, según el plan de inversiones, que se extiende a lo largo de los 50 años de concesión del servicio a Aguas de Valencia, con las cantidades más elevadas a lo largo de los primeros 26, casi 155 millones de euros. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, defendió la subida de la tarifa: "Se modifica una sola vez porque se mantendrá durante 26 años, periodo durante el cual se financiarán las infraestructuras, de titularidad pública, que son necesarias para aumentar la capacidad de producción de las plantas y para mantener el caudal que requieren los consumidores". Según Grau, el aumento es "moderado".

La oposición rechazó la medida. El concejal socialista Juan Ferrer exigió una reflexión sobre el plan para lograr que "repercuta menos sobre el recibo" y buscar otras vías de financiación. Ferrer recordó que la creación en julio de la llamada tarifa de aportación para extender las redes de nuevas promociones urbanísticas -que pagan las constructoras y "afecta al precio de los pisos"- debía servir para financiar el plan, según argumentó entonces Grau, "lo que no se va a hacer". María Victoria González, concejal de EU, aseguró que "el PP siempre ha sostenido que el plan no lo pagaría el consumidor" y ahora "disparará el recibo".

La comisión también aprobó una subida de las tasas e impuestos en un 2,8% -la inflación interanual frente a la previsión del 2%, como defendió la oposición-; de la ORA, que pasa de 50 a 55 céntimos la hora, y una tarifa para usar bienes de dominio público. El IBI queda congelado.