Vizcaya paga un plus a sus funcionarios sólo por ir a trabajar

La Diputación de Vizcaya paga desde el año 1999 un plus de productividad a sus más de 3.000 funcionarios y empleados sólo por asistir de forma asidua a su puesto de trabajo. El complemento de productividad suele ascender a un 2% del salario, del que la mitad se aplica según la asistencia al trabajo. El Tribunal Vasco de Cuentas ha criticado esta medida en sus últimos informes fiscalizadores de la institución foral y le recomienda que el incentivo debe concederse mediante un "sistema de evaluación individualizada del rendimiento". La Diputación pagó sólo entre 1999 y 2001 en virtud de este concepto, que se sigue manteniendo, cerca de 2,5 millones de euros.

El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, referido a la actividad de la Diputación en 2001, señala que en ese ejercicio se abonó un complemento de productividad cifrado entre "el 0% y el 2,3% [del sueldo] a todos sus empleados y altos cargos". La cuantía total de esta aportación ascendió a casi 1,7 millones de euros. El órgano fiscalizador constata que el incentivo se asigna en función de la asistencia al trabajo "de los primeros nueve meses del año, penalizándose las tasas de absentismo superiores al 5%".

En el año 2000, el plus de productividad sumó un total de 1,72 millones de euros, un monto similar al aportado en 1999. En todos los casos, el complemento de productividad ronda el 2% del salario. De ese porcentaje, la mitad se asigna en función de los objetivos de la Diputación y de cada uno de sus departamentos y la otra mitad, por la simple asistencia del funcionario o empleado a su puesto. Por ello, de los cerca de cinco millones de euros pagados en esos tres años, 2,5 millones lo son por cumplir la jornada de trabajo. El empleado foral sólo se ve penalizado si sus tasas de absentismo laboral superan el 5%.

El Tribunal Vasco de Cuentas entiende que la aplicación del complemento salarial en función de la asistencia no es adecuada. "Debe realizarse mediante un análisis más profundo, estableciendo un sistema de evaluación individualizada del rendimiento", señala como recomendación en los tres últimos informes fiscalizadores que ha realizado a la institución foral vizcaína.

La Diputación argumenta en sus alegaciones al último informe del organismo fiscalizador que la asiduidad y puntualidad suponen "uno de los factores objetivos" para establecer un complemento de productividad en la Administración pública y añade que es "un sistema individualizado de evaluación del rendimiento".

En sus consideraciones aporta además un informe del Servicio de Organización de la propia Diputación que señala que "para el año 2001 se consideró que la productividad individualizada venía determinada en función del grado de cumplimiento del horario real de cada empleado foral".

Los sindicatos de la institución foral no están de acuerdo con este tipo de complemento de productividad, "que lo hicieron para superar el 2% de subida [salarial] que imponían los Presupuestos Generales del Estado" para todos los funcionarios, dice un portavoz de CCOO. "Ni nosotros ni las otras centrales lo hemos firmado nunca", precisa. Coincide con el tribunal en que es un criterio que se aplica de "forma globalizada y no individualizada".

Un representante de LAB indica que la medida se tomó para saltarse los continuos recursos que presentaba la Abogacía del Estado contra las subidas salariales anuales en la Diputación, pactadas en un 4%. "Lo han copiado de la empresa privada, donde si no tienes más de un 5% de bajas al año, te dan una paga", añade. Para este portavoz de LAB, "es una chapuza y nosotros siempre hemos estado por que nos abonen directamente lo firmado [el 4%]".

El Tribunal de Cuentas también ha reprochado en sus tres últimos informes la asignación del plus de productividad a los altos cargos, que en 2001 supusieron una partida cifrada en 68.000 euros. El tribunal indica que se contradice con ello una norma foral de 1989, "por la cual la retribución de los altos cargos se realiza por un único concepto, no teniendo por tanto cabida el abono de un incentivo de productividad".

La Diputación arguye que esta posibilidad figura en una ley de 2000 del Gobierno central y que la norma foral de presupuestos de ese mismo año establece que las retribuciones de los altos cargos "en ningún caso serán inferiores a las previstas como máximas con carácter general para el personal laboral o funcionario de la Administración foral".