La política del avestruz

Es la que el PP parece que quiere emprender en el campo de la política institucional, cuyo caso más radical es la reforma de la Constitución, o, por emplear las palabras del señor Rajoy, aquellas que afectan a la estructura del Estado. Pretender que no hay problemas institucionales, sencillamente porque los mismos no figuran de modo relevante, o no figuran sin más en las preocupaciones del común de los mortales, tiene exactamente el mismo sentido que negar la existencia de la estrellas porque de día las gentes no las ven. Porque se perciban o no tales problemas existen, en buena medida porque nuestras instituciones se diseñaron hace un cuarto de siglo y de entonces acá todo ha cambiado: el entorno internacional, el país, sus ciudadanos y las instituciones mismas. Negar su existencia y empeñarse en el non movere ni siquiera es una posición conservadora, entre otras razones, porque la negativa a afrontar los problemas -sean institucionales o no- no hace que desaparezcan, antes bien dificulta su solución: nadie piensa soluciones para los problemas que no existen; mas si existen, el que no piensa sobre ellos, se priva a sí mismo de la posibilidad de articular propuestas de solución.

Porque , insisto, haberlos haylos tanto fuera de la Constitución como en la Constitución misma. Como muestra me van a permitir poner sobre la mesa tres y tres. Por lo que toca a cuestiones que se hallan fuera de la Constitución, la primera de ellas -que curiosamente sí preocupa al personal- aunque no sea mucho, es la cuestión del método de elección: cuando el actual se implantó en 1976 se diseñó para sacar partidos sólidos de la "sopa de letras" y no está de más reconocer que el diseño fue en este sentido bueno, la perspectiva de una fragmentación excesiva y de una grave indisciplina parlamentaria han desaparecido completamente. Hoy los problemas que tenemos sobre la mesa son otros, y en alguna medida proceden o se ven agravados por las propias reglas electorales en vigor. Ahí están las listas cerradas y bloqueadas, el déficit de proporcionalidad, los problemas de calidad del personal candidato y eventualmente electo, etcétera. A renglón seguido pude ustedes poner el problema de la TV pública, lunga manus del mandamás de turno o el del incumplimiento general de la legislación sobre la materia (veánse los anuncios en los informativos por poner un sólo ejemplo) debido a la ausencia de autoridades independientes que tengan a su cargo las licencias y la supervisión y control de los medios. O el colapso al que está llegando el Tribunal Constitucional porque no se han cumplido las previsiones constitucionales de un amparo eficaz ante los tribunales ordinarios. ¿Son o no importantes tales problemas? ¿Por qué el PP se priva a sí mismo de la posibilidad de tener posición sobre esas cuestiones? ¿Acaso no tiene algo que decir sobre las mismas?

También los hay en la Constitución. Piénsese que cuando la misma se redactó no éramos miembros de la Unión Europea por la sencilla razón de que la UE no existiría hasta 1992, no éramos miembros de la OTAN, ni de la UEO y no se habían inventado las misiones de pacificación ni la injerencia humanitaria, ni se planteaba el problema de compatibilizar la Constitución nacional con las normas, y pronto con la Constitución, europeas. Por supuesto no existía la organización autonómica (de facto federal) realmente existente, ni por ello los problemas de articulación que la pluralidad política y administrativa acarrea. Como todo eso no existía, y los constituyentes no tienen porqué ser profetas, en todos esos asuntos hay déficit de normas constitucionales. Así no las hay para resolver los problemas articulación entre el Convenio de Roma y la Carta de Derechos de la UE con la Declaración de Derechos constitucional, ni sobre el cumplimiento por el Estado español de las decisiones de los tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo, no hay previsión constitucional sobre el envío de fuerzas armadas al exterior, fuera del supuesto de guerra formal, ni sobre el control de las mismas, del mismo modo que no existen reglas para prevenir los conflictos de atribuciones entre órganos legislativos y judiciales. Y, por supuesto, como no se pudo prever el desarrollo del Estado de las Autonomías (por eso la Constitución no tiene un diseño del mapa de las autonomías como la italiana) no se establecieron los necesarios medios de integración de éstas en la formación de la voluntad del Estado, con las consecuencias de orden interno y exterior que de ello se siguen.

Esos problemas pueden ser urgentes o no, pero lo que no se puede hacer es tenerlos por inventados y negarse a entrar en ellos. Eso es la política del avestruz, que no es precisamente la mejor de las políticas, y por ello coloca al PP a la defensiva y con escaso campo de maniobra. Muy inteligente no parece, en especial cuando el PP sí sostiene otros cambios institucionales, como la supresión del impuesto de sucesiones (que cobran otros y no el Estado) o la segunda descentralización. Es cierto que el obtuso posicionamiento del señor Aznar en la materia condiciona fuertemente a la nueva dirección conservadora, pero en la calle Génova alguien debería recordar que la tradición no es la negación del cambio, sino una determinada manera de cambiar. La buena salud y la mejora de nuestra democracia lo exigen.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU