"El control de los auditores no debe ser sólo de sus colegas"
El auditor irlandés defiende la reforma europea y pide un acuerdo con EE UU
La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha una amplia reforma para mejorar la calidad de las auditorías y recuperar la confianza de los mercados en la información financiera. Este cambio convivirá a partir del año 2005 con la implantación de las normas internacionales de contabilidad para todos los grupos cotizados europeos. El irlandés David Devlin lleva menos de un año al frente de la Federación Europea de Expertos Contables (FEE), una entidad que agrupa a 41 organizaciones nacionales -entre ellas al español Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas- y, a través de ellas, a más de 500.000 auditores y que asesora a la Comisión Europea. La FEE acaba de celebrar su asamblea en Barcelona.
"Tiene que haber un proceso formal, apropiado y seguro que fomente la confianza pública en la información financiera"
"La vida de las compañías es demasiado complicada como para intentar acotarla sólo con reglas concretas"
"Los grupos cotizados saben que deben adaptarse a las normas internacionales de contabilidad en 2005 y se están preparando"
Pregunta. Cuando usted fue elegido presidente de la FEE se marcó como una de las prioridades de su mandato superar las resistencias de las autoridades estadounidenses a reconocer a los auditores europeos, ¿considera cumplido este objetivo?
Respuesta. La posición de la profesión es clara. Estamos ansiosos por tener un buen diálogo con las autoridades de Estados Unidos, pero la Unión Europea prepara su propio programa de reformas, que tiene un carácter independiente, para mejorar la auditoría. En Estados Unidos han planteado diferencias y son necesarios los esfuerzos de ambas partes para resolverlas. Es el caso de la necesidad de que las firmas europeas se registren en Estados Unidos o el distinto nivel de protección de datos de ambas legislaciones. Lo que queremos es que ambos reguladores lleguen a un acuerdo para evitar que el trabajo se duplique.
P. ¿Las auditoras europeas tendrán que registrarse en Estados Unidos para poder firmar unas cuentas?
R. La ley estadounidense exige que las compañías se registren antes de abril del año que viene, incluso aunque ya estén reconocidas por los Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a una directiva de 1983. Nuestra posición es que las firmas deben respetar la ley a la que están sujetas. Esperamos que las importantes dificultades y desafíos aparentes que supone la obligación de registrarse se resuelvan.
P. Otro reto importante son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que deben aplicar los grupos cotizados a partir de 2005, ¿están las compañías europeas preparadas para ese cambio?
R. En general, sí. Los grupos cotizados saben que deben hacerlo para esa fecha y se están preparando. La segunda fase, en la que entrarían las empresas individuales, depende de lo que decida cada legislador nacional. Se trata de una tarea enorme y de un cambio a mejor para alcanzar un lenguaje global común para todas las compañías.
P. En España muy pocas empresas están ya preparadas para este cambio, según algunas auditoras, ¿en algún otro país se repite esta situación?
R. En algunos países, como Irlanda, las empresas no están autorizadas a presentar las cuentas anuales con los estándares internacionales. En otros, como Alemania, sí, aunque sólo en el caso de los grupos consolidados. El grado de preparación de las empresas europeas ante este cambio sólo se podrá saber cuando se empiecen a publicar las cuentas bajo estas normas. Por ahora lo único que hay es un trabajo de preparación para ese cambio.
P. ¿Cuáles son las consecuencias principales de la utilización de estas normas?
R. Es muy difícil de decir desde una perspectiva europea porque depende de las normas de contabilidad que se aplican en cada país.
P. En España se ha hablado mucho del efecto de la introducción del valor razonable, en lugar del tradicional valor en libros, y de la volatilidad que esto puede provocar en el resultado de las compañías, ¿qué efecto tendrá esto en la evolución bursátil de las compañías?
R. Podría ser así, pero si se da una mayor volatilidad sólo será como reflejo de hechos económicos porque las normas internacionales de contabilidad intentan reflejar la evolución real de la empresa. La cuestión es cuán lejos se va en el valor razonable.
P. ¿Hasta dónde se puede llegar en este tipo de valoración que no depende de lo que se ha pagado por un bien?
R. La semana pasada se publicó una nueva interpretación sobre esta cuestión. El debate no ha acabado aún.
P. La organización que usted preside asesora a la UE en materia de auditoría y contabilidad, ¿cuáles son las prioridades para mejorar la calidad e imagen de esta profesión, tan castigada tras los escándalos empresariales, en Europa?
R. Hay tres cambios fundamentales en marcha. El primero es la reforma de la Octava Directiva, que regula la auditoría desde hace 20 años, para sentar las bases para que cada Gobierno pueda legislar, así como para reforzar el sistema de control de calidad de las auditorías. El segundo cambio importante es el uso de estándares comunes de auditoría. La idea es que en la Unión Europea contemos con un lenguaje común que además sea global en 2005. La tercera cuestión tiene que ver con la supervisión pública del trabajo de los auditores. Como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en España, creemos que los auditores no deben estar controlados sólo por sus colegas. Hay que vigilar que las auditorías sean correctas y cumplan los requisitos de calidad y contar con un sistema que permita investigar los fallos.
P. ¿Y castigar si llega el caso?
R. Antes tiene que haber un proceso formal, una investigación que siga un procedimiento apropiado y seguro que fomente la confianza pública en la información financiera y en la auditoría.
P. ¿La UE hubiera impulsado todas estas reformas si no se hubieran producido esos escándalos en EE UU?
R. Sí. El proceso de revisión empezó en 1996 y se han producido dos recomendaciones, de carácter voluntario: una sobre el sistema de calidad de las auditorías y otra sobre la independencia del auditor. La decisión ha sido construir un sistema que no esté sólo basado en reglas estrictas, sino también en principios que aseguren que no se dan ciertos comportamientos. En EE UU prefirieron un sistema muy reglado de tal forma que si algo no estaba expresamente prohibido, se podía hacer.
P. ¿Cómo se define la independencia del auditor en la UE?
R. Es un conjunto de principios de actuación, restricciones y prohibiciones. Por ejemplo, un auditor no debe tener acciones de su cliente, ¿pero qué pasa si las tiene su mujer o su madre? La vida es demasiado complicada para intentar acotarla sólo con reglas concretas.
P. Al rebufo a esas normas europeas y de los escándalos en Estados Unidos, los distintos Gobiernos europeos también han decidido reformar sus leyes de auditoría. En el caso español, algunos aseguran que la nueva regulación favorece la concentración, ¿cuál es su opinión?
R. No conozco al detalle la reforma española, pero ésa no es desde luego la intención de las autoridades europeas.
P. ¿Pero existe ese peligro?
R. Desde luego no es ésa la intención y tampoco estoy seguro de que sea un peligro.
El debate de la autorregulación
La sucesión de escándalos empresariales, hasta la quiebra de Enron y la desaparición de Andersen, una de las grandes firmas globales de auditoría, ha cerrado de momento el debate sobre la autorregulación de los auditores. La pérdida de credibilidad de la profesión, que durante años ha reclamado una mayor capacidad para decidir las normas que regulan su actividad, ha tenido como consecuencia la creación de un organismo supervisor en Estados Unidos, el país que más claramente había apostado por esta solución.
El debate ahora está en la forma que debería adquirir ese organismo. En España es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que depende del Ministerio de Economía, el encargado de esta cuestión. La posición de David Devlin, presidente de la Federación Europea de Expertos Contables (FEE), al respecto se queda a medio camino entre la autorregulación pura y dura y la supervisión pública.
Pregunta. ¿Está de acuerdo con que debe ser un organismo público el encargado de supervisar la actividad de los auditores en lugar de que sea la propia profesión quien se autorregule?
Respuesta. Depende de cómo sea ese organismo. Si se trata de un organismo exclusivamente gubernamental, no estoy de acuerdo. Sería mejor que en el mismo hubiera una participación más amplia. Lo que buscamos en la Unión Europea (UE) es que esa supervisión la ejerza un organismo fuerte; de carácter europeo, porque ningún país tiene la exclusiva sobre los escándalos empresariales; y en el que se sentaran todos los profesionales interesados en la información financiera: la Administración, los profesionales, los pequeños accionistas, los organismos supervisores...
P. Estados Unidos, que era el gran defensor de la autorregulación de la profesión, acaba de crear un organismo para supervisar el trabajo de los auditores, ¿cuál es su opinión al respecto?
R. La creación de este organismo fue una decisión del Congreso en reacción a una sucesión de escándalos empresariales muy graves. Es una decisión de otro país y no creo que sea apropiado comentar su decisión.
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